Extremadura planteará un recurso de inconstitucionalidad al «cupo» catalán si esta «aberración» prospera en el Congreso

BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ), 31

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha avanzado que el Ejecutivo extremeño presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el concierto catalán acordado por PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat al entender que conculca principios recogidos en la carta magna como el de la igualdad entre todos los españoles.

«En el caso en el que prosperase (en el Congreso), recursos de inconstitucionalidad creo que deberían ser planteados para parar esta aberración», ha señalado Manzano al ser preguntada por esta cuestión, tras desear que la necesaria modificación de la ley de financiación de las comunidades autónomas no prospere en el Congreso.

«El pacto es inconstitucional», ha remarcado la consejera extremeña al referirse a este «modelo de financiación singular para un territorio en concreto» en el actual modelo constitucional.

En este sentido, ha argumentado que si lo que se pretende es «generalizar» el sistema de concierto económico con el País Vasco o convenio económico con Navarra, es necesario acometer una modificación de la Constitución porque «lo que están haciendo vulnera principios constitucionales básicos», entre ellos el de solidaridad y el de igualdad de todos los españoles.

«Somos iguales ante la ley, tenemos derecho de acceder a los servicios en condiciones de igualdad con independencia del territorio en el que residamos», ha dicho Manzano, quien ha añadido que «generalizar un sistema de cupos o conciertos quiebra esa igualdad».

Al respecto, ha señalado que recaudar la totalidad de las figuras impositivas que son de titularidad estatal como el IRPF, el impuesto sobre sociedades o el IVA «anula, aniquila los recursos de la hacienda estatal», de tal forma que «el Estado perdería todos sus ingresos».

«El Estado perdería el título competencial, la competencia exclusiva en materia de hacienda general que le atribuye la Constitución. No tendría recursos, quedaría al albur de lo que van a decidir las comunidades autónomas que le transfieren por los servicios que son prestados en ese territorio», ha añadido.

También supondría anular el modelo de organización territorial, pues «quiebra» el título octavo de la Constitución y, por lo tanto, supone un «atentado directo contra el principio de igualdad». «Generalizar un sistema de conciertos o de cupos supone un atentado directo contra el principio de igualdad. Rompe la hacienda estatal, el Estado se queda sin recursos y, por lo tanto, no puede prestar competencias», ha argumentado.

Por todo ello, ha señalado que este pacto es «un ejemplo muy claro de que este Gobierno no tiene lealtad con el ordenamiento jurídico básico ni lealtad con las instituciones», porque «no cree» en el actual modelo de organización territorial.

La consejera extremeña apuesta por ir hacia la tendencia contraria: «integrar el régimen foral en el régimen común», es decir, que País Vasco y Navarra «contribuyan en mayor medida a los sistemas de nivelación, no justo lo contrario», porque «hay territorios que jamás van a poder obtener suficiencia financiera para prestar competencias básicas, para prestar esa salud, para prestar esa sanidad, para prestar servicios sociales, para la educación, no van a tener recursos suficientes».

Por otra parte, ha remarcado que «los recursos no se pueden territorializar», en tanto que un contribuyente de renta que viva en Cataluña «va a tributar allí por renta global, por todos los rendimientos que perciba de las distintas fuentes de renta que puede percibir». Es decir, este contribuyente puede tributar en Cataluña «rendimientos de capital inmobiliario de fincas, de inmuebles que estén situados en Extremadura».

A preguntas sobre los pasos que tiene previsto dar la administración extremeña contra el acuerdo, ha señalado que primero hay que ver si consigue las mayorías en el Congreso que requiere la modificación de una ley orgánica, y en este punto ha deseado que no prospere, pero en caso que finalmente lo logre cree que deberían ser planteados recursos de inconstitucionalidad «para parar esta aberración».