Expertos de la ONU denuncian «niveles asombrosos» de violencia en Sudán del Sur

La Comisión para los Derechos Humanos en Sudán del Sur ha remitido un informe en el que denuncia «niveles asombrosos» de violencia en múltiples regiones de Sudán del Sur que amenazan con sumir al país en una espiral de descontrol, diez años después de su declaración de independencia.

El informe registra todo un espectro de atrocidades a partir de una «intensificación de la violencia contra la población civil por parte de milicias y organizaciones armadas, estructuradas en torno a grupos étnicos, habitualmente con respaldo de fuerzas estatales o grupos de oposición».

Los expertos hacen especial hincapié en largos episodios de extrema violencia como los ocurridos entre febrero y noviembre de 2020 entre las milicias dinka y nuer contra los grupos armados de pastores murle en e estado de Jonglei y en la zona administrativa de Gran Pibor, que desembocaron en «violaciones masivas» de los Derechos Humanos de los civiles, así como el asesinato y el desplazamiento forzado de centenares de ellos.

«La escala y el alcance de la violencia que estamos documentando exceden, con mucho, otros episodios como los ocurridos en 2013 y 2019», apunta la presidenta de la comisión, Yasmin Sooka.

El informe documenta atrocidades ocurridas a lo largo de los últimos siete años en Jonglei, Gran Pibor o Equatoria Central, escenario de violaciones — en grupo o individuales — actos de destrucción de la propiedad privada, masacres, esclavismo y matrimonio forzado, secuestro infantil, reclutamiento infantil y la erosión de la identidad individual y tribal.

El carácter habitual de estos episodios, así como el uso de armas de fuego relativamente nuevas, «dan a entender que o bien el Estado o bien fuerzas externas están involucradas en esto», denuncia el comisionado Andrew Clapman antes de recordar que todos estos crímenes ocurren en un ambiente de casi total impunidad, a pesar de un marco jurídico relativamente sólido como es la existencia del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur y el correspondiente memorándum de entendimiento con la Unión Africana que sirve de base legal para la corte.

El acuerdo de paz que guía el destino de Sudán del Sur solo ha tenido impacto a nivel nacional. En zonas locales, su incidencia es inexistente, en particular en Equatoria Central, donde existen grupos armados como el Frente de Salvación Nacional que se abstuvieron de firmar el acuerdo. Allí, la lucha por el territorio — en particular por las minas de oro de la región — se combina con los actos de violencia mencionados y delitos de extorsión o recaudación ilegal de impuestos.

EL GOBIERNO CONTRA LAS LIBERTADES

El informe va más allá de denunciar la actuación de los grupos armados y condena al Gobierno por la «extraordinaria represión» que lleva efectuando desde 2011 contra las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación.

«Las autoridades», reprocha el documento, «están desarrollando una estrecha vigilancia de periodistas, activistas y defensores de los Derechos Humanos a través del Servicio de Seguridad Nacional; y apunta deliberada y sistemáticamente contra medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y universidades, lo que facilita el contagio del miedo a infiltrados y a la desconfianza entre colegas».

«La ausencia de rendición de cuentas ante los agravios históricos y el estado general de anarquía están alimentando la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos en Sudán del Sur», avisa el comisionado Barney Afako. «Si no se abordan», avisa, «podrían enquistar profundas divisiones étnicas, agravar la discriminación de género y exacerbar la violencia en el país»

Como primera medida de salvación, el informe recomienda un proyecto concertado de construcción nacional bajo un liderazgo comprometido con la gestión de la diversidad étnica y de otro tipo. «El restablecimiento de la autoridad del gobierno estatal y local es un primer paso fundamental en esta dirección», ha agregado el comisionado.