Expertos de la ONU alertan del aumento de contrataciones de mercenarios por parte del Gobierno de RCA

Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidos ha expresado este miércoles su «profunda preocupación» por el aumento de las contrataciones de mercenarios y fuerzas de seguridad privadas extranjeras por parte del Gobierno de República Centroafricana (RCA) y los «estrechos contactos» que están tejiendo con las tropas de paz de la ONU.

Según el informe presentado por este grupo de trabajo, que se «difuminen» las «líneas divisorias» entre lo que son operaciones civiles, de índole militar, o de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas «crea confusión sobre los objetivos legítimos y aumenta los riesgos de abusos generalizados de los Derechos Humanos».

En concreto, las sospechas están dirigidas hacia tres grupos de seguridad privada de capital ruso, Sewa Security Services, Lobaye Invest Sarlu, y Wagner Group, quienes estarían relacionados con una serie de ataques violentos ocurridos desde las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2020.

En ese sentido, los expertos han manifestados sentirse «profundamente perturbados» al conocer «la proximidad» y el intercambio de información que estos grupos mantienen la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA), así como la presencia de «asesores» y «entrenadores rusos» en las bases de esta delegación de la ONU.

El grupo de expertos ha alertado de que «siguen recibiendo informes de graves abusos de Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario», que habrían sido cometidos por «el personal militar privado que opera con las Fuerzas Armadas de República Centroafricana y, en algunos casos, con el personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas».

«Entre las violaciones se encuentran denuncias de ejecuciones sumarias masivas, detenciones arbitrarias, torturas durante los interrogatorios, desapariciones y desplazamientos forzados, ataques indiscriminados a instalaciones civiles, violaciones del derecho a la salud y crecientes ataques a actores humanitarios», denuncian.

«Las estrechas conexiones entre los diversos actores, junto con la falta de transparencia, ponen en peligro aún más las posibilidades de cualquier investigación imparcial y de garantizar la rendición de cuentas por esos abusos y violaciones», denuncia el grupo, que considera «inaceptable» que no responsabilice a los autores.

«Se necesita con urgencia una mayor claridad sobre los roles de los socios internacionales y la rendición de cuentas para lograr la paz y la estabilidad sostenibles en la República Centroafricana», han insistido.

Por ello, han conminado al Gobierno centroafricano y a sus socios internacionales a que «cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional» y «responsabilicen a todos los autores de graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos».

El país africano se ha visto sumido en una grave crisis a raíz de las elecciones generales, en las que el presidente, Faustin-Archange Toaudéra, obtuvo la reelección en medio de las denuncias de fraude de la oposición y de la ofensiva lanzada por los rebeldes de la Coalición patriotas para el Cambio (CPC).

Las tensiones repuntaron tras la eliminación de la candidatura del expresidente François Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 para volver a ser candidato a la Presidencia, cargo que abandonó en 2014 ante el levantamiento de los rebeldes de Séléka, predominantemente musulmanes.