Exdirectivo de B3 Cable dice que el pago de 6,3 millones por el asesoramiento en la compra está justificado
La defensa ha pedido sin éxito que no hubiera juicio porque «no hay» apropiación indebida y el delito fiscal está «prescrito»
Uno de los exdirectivos británicos de B3 Cable acusado por la compra en 2008 de la fábrica de Maliaño (Camargo) sostiene que el pago de 6,3 millones a Axis Ventura –la empresa que se ocupó del asesoramiento y gestiones en dicha adquisición– está justificado; había un contrato previo por esos servicios, y un documento acreditativo de la prestación de los mismos.
Así lo ha afirmado quien fue director financiero de B3 Cable y poseedor del 30% de las acciones de la empresa de Maliaño, y que ejerció también de administrador solidario de la compañía, en su declaración en el juicio que ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial y en el que es uno de los siete acusados por apropiación indebida y por delito contra la hacienda pública por una operación relativa a la compra de la planta cántabra.
Concretamente, se les acusa de apropiarse indebidamente de esos 6,3 millones procedentes de la financiación que recibieron para comprar la fábrica de Maliaño, trasfiriendo ese dinero a una empresa, Axis Ventura, en la que tenían participación cinco de ellos y que, según la Fiscalía, «no prestó ningún servicio ni realizó gestión alguna».
Para el Ministerio Fiscal los acusados participaban de ambas sociedades con la intención de obtener un «ilícito beneficio». Y es que, a su juicio, todos los acusados se beneficiaron de esos 6,3 millones de euros, bien «en metálico o en distintos productos que en su beneficio redundaron fondos de pensiones, primas, bonos…)».
Concretamente, el director financiero, que ha sido el primero de los acusados en declarar en el juicio, ha asegurado que no tiene acciones en Axis Ventura ni cargo directivo, aunque sí ejercía de consultor para esta empresa. Además, ha reconocido haber recibido un bono por la operacion.
En su declaración, ha defendido que Axis Ventura sí realizó gestiones para la operación de compra de la fábrica de Maliaño, como, por ejemplo, participar en las negociaciones para la fijación del precio y encargarse de la búsqueda de financiación para la operación.
Además, ha afirmado que gracias a la participación de esta empresa fue posible la transacción y la generación de beneficios para la planta de Maliaño.
En ese sentido, ha explicado que fue la planta de Camargo la que tuvo que afrontar el abono de esos 6,3 millones porque «fue la que recibió el beneficio».
En 2009 la Junta General de B3 Cable aprobó las cuentas anuales del ejercicio anterior, en las que se incluía la factura por esos 6,3 millones. A continuación, B3 Cable realizó la liquidación del Impuesto de Sociedades, deduciéndose la citada factura.
Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado –que también figura como acusación en el juicio–, con ello, defraudaron a Hacienda en 508.590 euros al «deducirse gastos que no lo son por tratarse de servicios ficticios». Es por ello, por lo que, además del delito de apropiación indebida, se imputa a cada uno de los acusados uno contra la hacienda pública.
Por estos delitos, la Fiscalía ha solicitado penas de hasta seis años de cárcel para los acusados por estos delitos y multas que van entre 1,5 y 2 millones.
LA DEFENSA PIDE NO CELEBRAR EL JUICIO
Antes del inicio de las declaraciones de los acusados, la sesión ha arrancado con la fase de cuestiones previas, en la que los abogados de la defensa han pedido que el juicio no llegara a celebrarse y hubiera una absolución para los acusados.
Como principales argumentos, han defendido su postura de que el delito fiscal (contra la hacienda pública) estaba prescrito y, por otra parte, han mantenido que «no es posible» encajar la actuación de los acusados en el delito de apropiación indebida porque, según han dicho, dentro de él, no cabe la «autoapropiación indebida».
En este sentido, han argumentado que no puede considerarse apropiación indebida cuando los acusados tenían en sus manos el 100% de B3 Cable y derivaron esos 6,3 millones a otra sociedad en la que también participaban.
Por su parte, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han estado de acuerdo con este razonamiento. El Ministerio fiscal sostiene que no se está en caso de «autoapropiación indebida» ya que no todos los socios de B3 Cable tenían participación en Axis Venture.
Además, ha añadido que el pago de esos 6,3 millones fue una operación que «debilitó» y «perjudicó» a B3 Cable y fue «el comienzo de un agravamiento económico» que acabó con la empresa en concurso de acreedores y su proceso de disolución.
Tras unos minutos de receso para que los miembros de la Sala deliberases, éstos han rechazado la petición de la defensa de que no hubiera juicio y han explicado que las cuestiones previas que han planteado se resolverán en la sentencia.
El juicio continuará este miércoles, día 31, con las declaraciones de otros acusados –hoy solo lo han hecho dos– y está previsto que se prolongue también al jueves y a la próxima semana.
