España se sumará a la demanda ante la CIJ de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio en Gaza

Albares insiste en que corresponde a este tribunal dirimir si hay genocidio: «Esto no es un concurso de ver quién tiene la opinión más matizada»

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre.

«España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza», ha anunciado el ministro en una rueda de prensa convocada de forma urgente a primera hora de este jueves, explicando que el Gobierno lleva valorando la cuestión «muchas semanas».

«Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse», ha explicado, en referencia al hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafá como le había exigido la corte, incidiendo en que las medidas cautelares «son de obligado cumplimiento para todas las partes».

El jefe de la diplomacia ha recalcado que el «único objetivo» del Gobierno al sumarse a la iniciativa de Sudáfrica «es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de la solución de dos Estados que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región». «Todos ellos tienen derecho a la paz, el mismo derecho», ha puntualizado.

ESPAÑA NO SE PRONUNCIA SOBRE SI HAY GENOCIDIO

No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que le corresponde a la CIJ dirimir esta cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca.

Al sumarse al caso, ha explicado Albares, «lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí, eso es una labor del tribunal», sino que lo que busca es apoyar su labor. Cualquier decisión que termine tomando la CIJ, ha asegurado, España «la va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplirla».

«Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales», ha esgrimido, subrayando que «la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda» en señal de su «compromiso con el Derecho Internacional». «Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada», ha puntualizado.

El ministro ha explicado que su Ministerio y la Asesoría Jurídica Internacional llevan semanas analizando el caso y ahora lo que se hará será presentar «un documento más breve en el que se expresa la intención de intervenir en la demanda y un documento más extenso que se está terminando de preparar» en el que se respadará el trabajo de la CIJ y se ofrecerán «elementos interpretativos para ayudar al tribunal a poder dictar una sentencia y poder aplicar las medidas cautelares».

PRECEDENTE DE LA DEMANDA DE UCRANIA CONTRA RUSIA

Albares ha recordado que España hizo «exactamente lo mismo y por los mismos motivos» al sumarse a la demanda presentada por Ucrania ante la CIJ contra Rusia por presunto genocidio en septiembre de 2022. «No tenemos dobles estándares, aplicamos los mismos principios, buscamos los mismos objetivos, en Ucrania y en Gaza: La paz, la protección de los civiles y el respeto del Derecho Internacional», ha remarcado.

España se convierte así en el primer país europeo que se suma a la demanda que formuló Sudáfrica a finales de diciembre de 2023 contra Israel por presuntas violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención contra el Genocidio en Gaza. Desde entonces, se han sumado a la demanda Nicaragua, Colombia, Libia y México, además de la propia Palestina, que lo hizo precisamente el viernes pasado.

En el caso de Ucrania, el Gobierno presentó su declaración de intervención ante la CIJ el 29 de septiembre de 2022. En el documento, de ocho páginas, España ofrecía sus argumentos para intervenir en el caso en base al artículo 63 del Estatuto de la CIJ. Al igual que ahora Sudáfrica, el principal argumento de Ucrania es que Rusia estaba incumpliendo la Convención contra el Genocidio.

En dicho documento, España sostenía que esta convención «es de la máxima importancia para prevenir y castigar el genocidio» y defendía que «cualquier acto cometido con la intención de destruir, por completo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso constituye un delito bajo el Derecho Internacional».

No obstante, no fue hasta el 9 de junio de 2023 cuando la CIJ aceptó la incorporación a la demanda presentada por Ucrania de un total de 32 países, entre los que estaba España y buena parte de sus socios de la UE, así como Reino Unido o Canadá. Finalmente, la corte, que es el principal órgano judicial de la ONU, dictaminó el pasado 2 de febrero que era competente para juzgar el caso.

Así pues, está por ver aún cuándo presenta España formalmente su solicitud ahora y si finalmente esta es aceptada por la CIJ. El ministro ha apuntado a que otros países como Irlanda o Bélgica han indicado su intención de sumarse a este esfuerzo, pero aún tiene que concretarse.

LA DEMANDA DE SUDÁFRICA Y LAS MEDIDAS CAUTELARES

Sudáfrica presentó el 29 de diciembre de 2023 su demanda ante la CIJ por la presunta violación por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención contra el Genocicio y pidió al tribunal que dictara medidas cautelares para evitar un «daño irreparable a los derechos del pueblo palestino».

El 26 de enero, la CIJ se pronunció por primera vez pidiendo a Israel que adoptara todas las medidas en su mano «para evitar y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio» contra los palestinos y para permitir el suministro de servicios básicos y de asistencia humanitaria en Gaza, entre otros.

El 16 de febrero, ante una inminente ofensiva israelí sobre Rafá, único punto de entrada de ayuda a la Franja desde Egipto y donde se habían refugiado más de un millón de personas, la CIJ recordó a Israel su obligación de cumplir las medidas cautelares que ya había dictado.

El máximo tribunal de la ONU volvió a pronunciarse el 28 de marzo, dictando nuevas medidas cautelares, ante «el deterioro de las condiciones de vida de los palestinos en Gaza, en particular la propagación del hambre», solicitando que facilitara la entrada en la Franja de toda la ayuda necesaria.

La CIJ se pronunció por última vez el pasado 24 de mayo, después de que Sudáfrica solicitara nuevas medidas cautelares, reclamando al Gobierno de Netanyahu que detuviera «inmediatamente la ofensiva militar» sobre Rafá, que mantuviera abierto el paso fronterizo y permitiera la entrada de asistencia humanitaria.

Entretanto, el 23 de enero Nicaragua fue el primer país que solicitó intervenir «como parte», mientras que Colombia solicitó intervenir el 5 de abril y Libia hizo lo propio el 10 de mayo. México dio el paso el 24 de mayo mientras que Palestina se sumó el 31 de mayo.