España rechaza intentos de «cercenar derechos fundamentales» de Edmundo González tras la orden de arresto
El Gobierno ha rechazado «cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales» del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, después de que un tribunal de Venezuela haya emitido una orden de arresto en su contra, atendiendo así a la petición cursada por la Fiscalía.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por Europa Press han trasladado que «España defiende la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos, especialmente los líderes políticos de la oposición».
En este sentido, las fuentes han añadido que el Gobierno «rechaza cualquier intento de cercenar sus derechos fundamentales», tras ser consultadas por cómo se valora la orden de arresto dictada contra el candidato opositor.
El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ha ordenado la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas» y «asociación», según ha confirmado el Ministerio Público.
El Gobierno ha rechazado reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, después de que no se hayan hecho públicas todas las actas electorales que permitan verificar el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no ha querido por el momento reconocer a González Urrutia como presidente electo, como reclama el PP.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dio por hecho la semana pasada que las actas no se van a publicar y, ante esa «evidencia», se mostró partidario de que los Veintisiete estudien todas las herramientas disponibles para propiciar un diálogo entre venezolanos que permita una «solución negociada y pacífica», aunque sin mencionar expresamente la imposición de nuevas sanciones.
