España insiste en que en Venezuela la solución pasa por el diálogo y reitera su oferta de acompañarlo
El Gobierno considera que la única solución posible a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición y por eso está dispuesto a acompañar todos los esfuerzos que vayan en esta línea, han señalado fuentes diplomáticas.
Desde el Ejecutivo ya se ha valorado como un primer paso en la buena dirección el hecho de que el nuevo Consejo Nacional Electoralcuente entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, tras la decisión adoptada esta semana por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
No obstante, aunque sea algo reseñable, las fuentes insisten en que aún quedan por adoptar otras medidas que permitan a Venezuela la celebración de «elecciones justas, creíbles y transparentes».
Para que esto sea posible, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación consideran que es necesaria una negociación que lideren los propios venezolanos y que cuente «con una agenda amplia y acompañamiento internacional».
Es ahí donde España está dispuesta a desempeñar un papel, en el acompañamiento del proceso que permita desembocar en la celebración de elecciones con las «garantías democráticas» que no tuvieron las elecciones presidenciales de 2018 ni las parlamentarias del pasado 6 de diciembre, han subrayado las fuentes.
El Gobierno ha venido haciendo llegar este mensaje tanto en público como en privado a las partes con el convencimiento de que «no hay una solución que no construyan los propios venezolanos». «Eso implica un diálogo amplio y abierto entre las distintas partes», han insistido las fuentes.
La postura española está en línea con la expresada por la UE, mientras que Estados Unidos no ha valorado abiertamente la composición del nuevo CNE, pero tampoco la ha criticado. Quien sí lo ha hecho ha sido Juan Guaidó, el líder opositor y que como titular de la Asamblea Nacional de 2015 se reivindica como presidente legítimo del país. También la OEA se ha pronunciado en contra.
