Escudero dice que explicó el procedimiento administrativo de contratación a Anticorrupción y reitera que todo fue legal

«Actuamos con absoluta transparencia, siempre sujetos a la legalidad y adaptados a la situación que vivíamos», insiste

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado este viernes que en su declaración del pasado miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción explicó el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Consejería de Sanidad en la contratación de emergencia durante la fase más dura de la pandemia de Covid y ha reiterado que se actuó «con absoluta transparencia» y «siempre sujetos a la legalidad».

Tras asistir al acto de entrega de premios en el acto organizado por la Asociación de Párkinson de Madrid con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha señalado que su declaración el pasado miércoles por la mañana «no duró minutos» y estuvo centrada en explicar «cuál es todo el procedimiento administrativo realizado durante el estado de emergencia».

Ruiz Escudero es el primer alto cargo del Gobierno madrileño en prestar declaración ante la Fiscalía por el contrato por valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

El consejero madrileño no ha querido concretar las cuestiones concretas que se le plantearon desde Anticorrupción «por respeto al trabajo fiscal», pero sí ha aclarado que su declaración como testigo «no varía nada de lo que ya ha dicho en otras ocasiones» en el sentido de «contar todo el procedimiento administrativo en aquella época».

«Actuamos con absoluta transparencia, siempre sujetos a la legalidad y adaptados a la situación que vivíamos, con el momento más crítico de la pandemia», ha explicado Escudero, quien ha recordado que aquel 1 de abril de 2020 había más de 13.000 pacientes ingresados, 1.500 en UCI y morían más de 300 personas diarias.

Así, ha puesto el acento en que había «una necesidad vital, casi dramática» de adquirir mascarillas. El contrato que está siendo investigado, firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León, era para el suministro mascarillas FFP2 y FFP3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Al hilo, el consejero ha reiterado que se actuó desde la legalidad, con absoluta transparencia y en función de la situación de urgencia del momento, en base «a un mercado de compras de mascarilla que era el que marcaba, con esa fluctuación de precios que vimos entonces», y teniendo en cuenta la calidad del producto y los tiempos de entrega del material. El objetivo último, ha recalcado, era el de proteger a los profesionales sanitarios en un primer término y posteriormente a la totalidad la población.

A colación también del procedimiento judicial por la compra de mascarillas abierta contra dos empresarios (Luis Medina y Alberto Luceño) por una presunta estafa en la adjudicación de material sanitario para la ciudad de Madrid, el consejero ha reiterado la necesidad de tener en cuenta el contexto en el que se realizó esta compra.

«Vivíamos lo peor de la pandemia y las compras que se hicieron fue en esa situación. Ahí la fluctuación de precios era tremenda, incluso de un día para otro e incluso en el mismo día porque era una necesidad vital. En ese sentido, pues lógicamente el Ayuntamiento actuaría con esa necesidad de compra como el resto de Administraciones», ha aclarado.

La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con este contrato, desde la contratación y recepción de la oferta a cómo pasó valoración del secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), aprobación de la viceconsejera, las cifras de la intervención o la dación de cuentas al Consejo de Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

En este sentido, investiga la parte referida a delitos relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

La Fiscalía Europea, por su parte, sostiene que el contrato fue financiado íntegramente con fondos europeos y que por tanto el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 euros. Entiende así que puede haber dos delitos, uno de fraude a los presupuestos de la UE y un delito de malversación.

La Cámara de Cuentas aprobó el pasado 23 de marzo el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia, en el que se incluye el vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.