Sí Se Puede advierte al Ayuntamiento de responsabilidades penales si no se cobra la deuda de Proinasa
LAREDO, 14
El grupo municipal Sí Se Puede Laredo (SSPL) ha advertido al Ayuntamiento de Laredo de posibles responsabilidades patrimoniales y penales si no se procede a cobrar la deuda de 1,77 millones de euros más intereses que Proinasa mantiene con el Consistorio desde que en 2008 el Tribunal Supremo confirmase la ilegalidad de la permuta de terrenos entre esta empresa y la administración local en 1987.
Las dos concejalas de SSPL, Carmen García y Adelia Melero, acompañadas del abogado Fernando Merodio, así lo han advertido a través de un escrito dirigido al alcalde, el socialista Juan Ramón López Visitación, cuyo padre Juan Ramón López Revuelta dirigía el Ayuntamiento cuando se materializó esa permuta.
Las ediles han manifestado este miércoles en rueda de prensa que es incomprensible que «ninguna corporación haya reclamado el pago de esta deuda», que fue fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 2005 y, tras diversas apelaciones de la empresa, confirmada por el Supremo en 2008.
«Esta falta de responsabilidad supone un auténtico escándalo porque se ha pasado por encima de lo que señalaba el auto de ejecución de la sentencia y que consistía en que la empresa tenía que abonar más de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento», han enfatizado.
Pero para las representantes de Sí Se Puede Laredo lo peor ya no es sólo que no se haya cobrado la deuda sino que desde 2013 «los distintos gobiernos municipales han intentado volver a repetir otra permuta», en concreto tratando de «permutar la deuda millonaria por un convenio que consiste en adquirir unas parcelas de esta empresa que, interesadamente valoradas, dejen saldada la deuda».
Se trata de unas propiedades en la Puebla Vieja, de cuyo valor SSPL tiene «fundadas dudas», y para lo que se artículo un convenio aprobado por en el Pleno en noviembre de 2015 con los votos de PSOE, PP y PRC, pero a día de hoy está «en suspenso» tras un recurso de reposición presentado por el grupo municipal de Sí Se Puede Laredo, que quiere que la próxima sesión plenaria resuelva el asunto instando a la ejecución de la sentencia porque «es la única posibilidad legalmente razonable».
«Solicitamos que se ejecute sin más dilaciones la sentencia», han dicho, porque, han enfatizado, que Sí Se Puede Laredo «no va a ser cómplice de esta negligencia, incluso podríamos decir ilegalidad». «No queremos incurrir en ninguna responsabilidad patrimonial, incluso penal», que es en lo que, a su juicio, se puede derivar si no se procede a «poner fin a tan injusta y poco equitativa situación».
Y es que, según ha lamentado las ediles, «el impago de la deuda ha privado a este municipio de hacer inversiones absolutamente necesarias, como la rehabilitación de la piscina o las obras en los barrios o la rehabilitación de edificios en la Puebla Vieja y un largo etcétera».
LA DEUDA CON INTERESES Y RECARGOS PODRÍA LLEGAR A 4 MILLONES
Por su parte, el abogado Fernando Merodio, que llevó esta causa que fue denunciada por su «amigo» y exedil del PCPE en Laredo Fernando Revuelta y también por el PP, ha indicado que, desde 2005 en que se dictó auto de ejecución por parte del TSJC fijando la deuda a pagar por Proinasa al Ayuntamiento en 1,7 millones, la cantidad «se ha más que duplicado con intereses y recargos» por lo que podría rondar casi los cuatro millones de euros.
Ha recordado que el que fuera alcalde en 1986, padre del actual regidor municipal, concedió a Proinasa una licencia para construir 23 viviendas y locales comerciantes en un terreno que la empresa había comprado como «sobrante de vía pública y, por tanto sin edificabilidad».
«Tan inexplicable edificabilidad fue inventada por el PSOE de López Revuelta al posibilitar, con la oposición del resto de grupos, el anómalo otorgamiento de licencia en base a una inexplicable e ilegal recalificación de esa parcela en la aprobación provisional del PGOU, entonces en trámite», ha relatado el letrado, que ha dicho que esa recalificación desapareció en la aprobación definitiva.
Pero, después de ello y «con una celeridad pasmosa», Merodio ha indicado que Proinasa presentó el proyecto de construcción de las 23 viviendas y locales para ejecutarlo «en un solar adquirido a precio de sobrante de vía pública e inedificable», pero a su juicio «más sorprende» fue que «solo un mes más tarde se le otorgase la licencia», que se anulaba de facto.
Entonces, ha contado que se inició «una desenfrenada carrera hacia cada día mayores ilegalidades» y el PSOE, en marzo de 1987, aprobó con sus ocho concejales y el voto de calidad del alcalde (en la oposición eran 8 votando en contra) la permuta de «ese sobrante de vía pública inedificable por una parcela de propiedad municipal en primera línea de playa del ensanche de La Salvé».
Un permuta denunciada por Felipe Revuelta y el PP en los tribunales y que ya el TSJC en 1992 y el TS en 199 establecieron que era «nula» y que el trámite administrativo realizado «estaba plagado de ilegalidades», es especial por algo «tan evidente» como que se trataba de dos fincas con «valores muy dispares».
Por ello, se invalidó el contrato de permuta con la devolución de las prestaciones mutuamente realizada entre el Ayuntamiento y Proinasa, pero se llegó a la conclusión de que «no era posible la ejecución de sentencia en forma de mutua devolución pues en el solar de Salvé la empresa había levantado un imponente y lucrativo aparthotel», por lo que se entendió razonable que indemnizará al Consistorio en la diferencia del valor de las parcelas.
Así, y tras muchos trámites, en marzo de 2005 el TSJC fijó esa diferencia en 1.778.319 euros, cantidad que en 2008 confirmó el TS. «Transcurridos 13 años desde 2005, Proinasa solo ha pagado una pequeña parte de su deuda y el Ayuntamiento, sus grupos municipales, parecen querer reproducir la vergonzosa permuta sustituyendo el dinero que debe la empresa por unos terrenos», ha criticado Merodio.
Para el abogado, «todo desde 1986 ha sido ilegal, irregular, bochornoso», por ello se ha cuestionado «cuál es la razón de que lo exactamente cuantificado por los tribunales no se haya cobrado en ejecución de sentencia y de que se esté perdiendo el tiempo hablando de algo que tiene la sucia apariencia de la vieja permuta» e igualmente se ha preguntado «a quién beneficia, porque ésta claro que a quienes perjudica es a los vecinos de Laredo».