ERC quiere que el Gobierno ponga fecha a la revisión del delito de injurias a la Corona y al cierre de los CIE

Valora que España acepte el 90% de las recomendaciones de la ONU, pero demanda que asuma todas y se comprometa a cumplirlas

Esquerra Republicana quiere que el Gobierno se comprometa a cumplir las 275 recomendaciones formuladas a España por otros países de Naciones Unidas y que ponga fecha, entre otras, a las que reclaman la revisión del delito de injurias a la Corona y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE)

Así consta en una proposición no de ley registrada en el Congreso por la formación independentista apenas una semana después de que el Gobierno detallara que aceptaba un 90% de las recomendaciones incluidas en el examen periódico universal (EPU) al que España se sometió el pasado mes de enero en Ginebra.

Los de Gabriel Rufián valoran positivamente que el Ejecutivo haya aceptado el grueso de esas recomendaciones, pero ante el riesgo de que no sean cumplidas en su totalidad o se «queden en el terreno de la retórica», quieren que el Congreso le inste a comprometerse a «revertir las violaciones de Derechos Humanos» señaladas por Naciones Unidas.

INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN

Por eso en su iniciativa, recogida por Europa Press, le demandan que presente a la Comisión de Exteriores del Congreso un plan estratégico que incluya plazos temporales e indicadores evaluables sobre el cumplimiento de las 275 recomendaciones.

Entre las sugerencias que, a su juicio, debe asumir el Gobierno, destacan la supresión de las denominadas «deportaciones en caliente» o la provisión de alojamiento humanitario y protección de los migrantes irregulares como alternativa a la detención en los CIE que, en opinión de ERC, deben cerrarse definitivamente, máxime tras la crisis del Covid-19.

El pasado 16 de julio el Gobierno ya comunicó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pretende «llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona», y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal, ambas recomendaciones surgidas del examen periódico universal (EPU).

En concreto, España «acepta» una recomendación de Bélgica de «garantizar la libertad de expresión y opinión revisando el Código Penal para asegurar que sus delitos están alineados con definiciones reconocidas internacionalmente».

Además, aceptando otra recomendación –en este caso de Ghana– que pide a España asegurar la libertad de expresión, el Ejecutivo explica que «el delito de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales».

El hecho es que, recientemente, la Audiencia Nacional ha asumido el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ya en 2018 archivó una denuncia por quemar fotos del Rey argumentando que se enmarcaba en la libertad de expresión.

«DIÁLOGO CONSTRUCTIVO» CON CATALUÑA

El Gobierno también ha hecho suya la recomendación de Venezuela de «iniciar un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones» con el argumento de que ya «mantiene un diálogo fluido y constructivo con las instituciones de todas las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales «otros instrumentos bilaterales de cooperación».

Sobre Cataluña, detalla que en febrero de 2020 se creó «un nuevo espacio de encuentro» a través de la «Mesa de diálogo, negociación y acuerdo» entre los dos gobiernos y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado «con el fin de buscar soluciones en el marco de la Constitución y de la ley». Venezuela fue el único país que, durante el examen de enero, planteó la cuestión de Cataluña.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue objeto de numerosas preguntas cuando España se sometió al examen en enero, el Gobierno aclara, por ejemplo, que no está entre sus potestades ilegalizar asociaciones u organizaciones políticas, cosa que solo se puede hacer por decisión judicial.

En respuesta a Canadá, explica algunas de las infracciones que tipifica «a la espera de que, mediante la oportuna reforma legal que tendrá que ser tramitada y aprobada por el Poder Legislativo, se le incorporen las modificaciones necesarias».

ERC insiste en la necesidad de atender también las recomendaciones relativas a la bautizada por sus detractores como Ley Mordaza y recuerda que algunas de ellas emplazan expresamente a «realizar investigaciones exhaustivas sobre excesos policiales en manifestaciones pacíficas, dotar de garantías o abolir el régimen de detención incomunicada».