ERC pide cuentas al Gobierno por no actuar contra la Fundación Franco, dos años después de aprobar la ley

La reforma del PSOE para disolver asociaciones que hagan «apología del franquismo» sigue parada en el Congreso desde diciembre

Esquerra Republicana (ERC) quiere que el ministro de Política Territorial y responsable también de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rinda cuentas el miércoles en el Congreso por el hecho de que, casi dos años y medio después de la aprobación de la nueva ley de memoria el Gobierno aún no haya instado la extinción de la Fundación Franco.

En concreto, es el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal quien tiene intención de preguntar a Torres por qué esa fundación sigue en activo cuando la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, estableció como causa de extinción que estas entidades «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo».

La norma especifica a estos efectos que se considerará «contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

En este contexto, el pasado mes de junio, el Gobierno abrió un periodo de actuaciones previas para obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.

COMPETENCIA DE CULTURA

En estos casos corresponde al Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura, instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, por eso las actuaciones las inició el departamento que dirige Ernest Urtasun.

El Ministerio diseñó un procedimiento dividido en tres fases. La primera, activada en junio, consiste en la petición de informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Tras recabar esa información, en una segunda fase, se abrirá el procedimiento, comunicando el expediente a la fundación, con un plazo para que formule alegaciones. Por último, se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción, cuya resolución quedará en manos de los jueces.

PENDIENTES DE LA PONENCIA

Además, el pasado mes de octubre, el Pleno del Congreso aceptó tramitar una proposición de ley registrada por el PSOE para reformar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación que incluye como causa de disolución de estas entidades «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo».

La reforma arrancó su tramitación el único voto en contra de Vox, que después presentó una enmienda de totalidad que fue rechazada. En diciembre se registraron las enmiendas parciales, pero tres meses después aún no se ha convocado la ponencia para discutirlas.

Con esta iniciativa se pretende dar cumplimiento a otra disposición de la Ley de Memoria Democrática que preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido y que, según esa norma, debería haberse hecho efectiva como muy tarde en octubre de 2023.

El texto del PSOE especifica que esa apología se podrá producir bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior» o enalteciendo a sus dirigentes con «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe, la guerra civil o el franquismo» o mediante la «incitación directa o indirecta al odio, la violencia contra las mismas o por su condición de víctimas».

La disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos». Además, la proposición de ley del PSOE deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.