ERC insta al Gobierno a regular los software espía para que no se usen contra políticos, periodistas y abogados
Esquerra Republicana (ERC) quiere que el Congreso inste al Gobierno a regular los software espía como el de Pegasus para que, entre otras cosas, no se puedan usar contra políticos, periodistas y abogados.
A través de una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, los de Oriol Junqueras quieren, en primer lugar, que el Gobierno apruebe una legislación específica para regular el uso del software espía, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y al conjunto del ordenamiento jurídico y estableciendo criterios claros de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Esta nueva regulación, según detallan en el texto recogido por Europa Press, debe incluir algunos requisitos como que se prohíba su uso contra determinadas categorías de personas, como periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y representantes políticos, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
EL CATALANGATE COMO PRECEDENTE
Otro de los requisitos que incluyen desde la formación independentista es que se notifique «obligatoriamente» a los afectados una vez finalizada la investigación, excepto en aquellos casos en los que la seguridad nacional lo impida justificadamente y también que se destruya «inmediatamente» la información no pertinente obtenida mediante el uso de software espía, con el fin de minimizar riesgos de abusos e incumplimientos en materia de protección de datos.
Ya que, según recuerda el diputado autor de la iniciativa Francesc-Marc Álvaro Vidal, el uso de softwares como Pegasus con el denominado Catalangate por ejemplo, ha generado una «preocupación internacional» y una «indignación generalizada» e impulsa la necesidad de regular su utilización.
Por ello, piden también que desde el Ejecutivo se impulse un debate parlamentario y social sobre el impacto del software espía en la democracia y los derechos fundamentales, promoviendo una regulación que garantice un equilibrio entre seguridad y libertades ciudadanas y que además se comunique la adopción de estos compromisos a la Comisión de Venecia, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
