ERC exigirá mañana en el Congreso que la ley se aplique en su totalidad antes del verano
Los independentistas defienden que los partidos puedan reclamar desde marzo más bienes incautados por Franco
Esquerra Republicana intentará este martes que el Congreso exija al Gobierno que aplique de forma efectiva, a más tardar antes del verano, todo lo previsto en la Ley de Memoria Democrática y que, en tan sólo un mes, tenga listo el procedimiento para que los partidos políticos puedan reclamar la restitución de los bienes y derechos que les incautó Franco durante la Guerra Civil o la compensación correspondiente.
Con este objetivo la formación independentista catalana someterá a votación en el Pleno de la Cámara una moción consecuencia de la interpelación que, sobre este particular, realizaron en la última sesión plenaria de 2023 al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La Ley de Memoria Democrática acaba de cumplir 15 meses en vigor y muchos de los plazos fijados en la norma para la puesta en marcha de las medidas que contempla ya han vencido, tal y como denuncia ERC en su iniciativa.
Una de las que tendrían que haberse activado el pasado mes de abril es la aprobación de un Reglamento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reformar la ley de 1998 por la que ya se devolvió a los partidos bienes que les quitó el franquismo.
La Ley de Memoria Democrática prevé que ese reglamento fije «un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación» a los partidos de esos bienes y derechos y ahora ERC exige que todo esté listo en un mes.
También quieren que a principios de marzo el Gobierno informe a la Cámara Baja de cómo va la creación del Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura que se contempla en artículo 23.
VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS TRAS LA CONSTITUCIÓN
Además, la moción de ERC, recogida por Europa Press, da tres meses al Ejecutivo para presentar en el Congreso el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, un informe sobre el proceso de retirada de los mismos y el estudio sobre los supuestos de vulneración de Derechos Humanos sucedidos entre 1978 y 1983.
Durante aquella interpelación a finales de diciembre, Torres avanzó que el Gobierno quería tener listo en los primeros meses de este año el banco de ADN estatal, explicó que la auditoría sobre los bienes expoliados estaba ya «culminándose» y se comprometió a impulsar «el catálogo de todos los símbolos franquistas y su retirada».
Esquerra también quiere establecer que, como muy tarde en mayo, el Ejecutivo remita a la Cámara un informe sobre los avances que se han producido en las actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados y en la señalización de los lugares en los que trabajaron.
