ERC exige al Gobierno que traspase a las autonomías gratis e «inmediatamente» las viviendas de la Sareb


La formación propone que con la devolución de la vivienda a la entidad bancaria quede extinguida la deuda hipotecaria total

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso y en el Senado una iniciativa para exigir que el Gobierno traspase a las autonomías «inmediatamente y a título gratuito» todos los inmuebles de la Sareb y de cualquier otra entidad del sector público estatal a las administraciones competentes en materia de vivienda.

Se trata de una iniciativa con la que los independentistas quieren garantizar el derecho a la vivienda y prevenir la especulación en este ámbito. Además de esa exigencia, ERC quiere también que el Estado destine la financiación suficiente para que los inmuebles traspasados puedan ser destinados a incrementar el parque público de alquiler.

A esto se suma una petición para que las comunidades autónomas con competencias en materia de vivienda y derecho civil propio puedan legislar y regular «íntegramente» en materia de arrendamientos urbanos.

De su lado, ERC quiere que se garantice la aplicación efectiva de las medidas de contención de precios de alquiler extendiendo su aplicación a todos los contratos de arrendamiento de temporada y de habitaciones. Y también que se revise y se refuerce la protección contra los desahucios asegurando que ninguna familia sea desahuciada sin disponer de una alternativa habitacional «estable, adecuada y suficiente».

Y DACIÓN EN PAGO OBLIGATORIA

Por último, Esquerra propone establecer la «dación en pago obligatoria» como derecho para las personas y familias que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca, de modo que con la devolución de la vivienda a la entidad bancaria quede extinguida la deuda total, incluyendo intereses y costes asociados.

La formación catalana explica que esta medida tiene que asegurar que ninguna persona o familia se vea condenada a una doble penalización por la imposibilidad de mantener su vivienda, promoviendo a la vez mecanismos de renegociación con entidades financieras para evitar desahucios «innecesarios».

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