ERC denuncia que el decreto anticrisis deja fuera de las ayudas a empresas de acabados textiles
El diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Capdevila, ha denunciado que, debido a un «problema de codificación», las empresas de acabados textiles han quedado excluidas de las ayudas a la industria gasintensiva contempladas en el último decreto anticrisis aprobado por el Congreso.
Así lo ha hecho saber Capdevila en una batería de preguntas registradas en la Cámara Baja, a las que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, el diputado ha explicado que dicho problema de codificación surge a raíz de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que sirve como identificador del sector al que se dedica una empresa.
Por un lado, el decreto indica que los beneficiarios de las ayudas contempladas en la norma son empresas que hayan realizado durante 2021 «al menos una de las actividades» dentro de una relación de códigos CNAE que se enumeran. Entre estos figura el 133, correspondiente con la actividad de «acabados textiles». Sin embargo, en otro artículo se detalla que el importe de las ayudas para cada beneficiario consistirá en una cantidad determinada dependiendo de su CNAE.
Es decir, por un lado no se exige que la empresa se encuadre en un CNAE concreto, sino que simplemente desarrolle una actividad relacionada, pero en el otro sí. Capdevila entiende que esto supone una «contradicción del propio articulado» que genera una «discriminación» a las empresas del sector textil, ya que no pueden beneficiarse de las ayudas previstas en el citado decreto, en concreto a los 950 millones destinadas a la industria gasintensiva.
El diputado de ERC ha advertido además que esto está generando que muchas empresas vean rechazadas sus peticiones de ayuda pese a que desarrollan una actividad de «acabados textiles» y, además, se han visto «afectadas gravemente» por el incremento del coste del gas ocasionado por la invasión rusa de Ucrania.
Es por este motivo que, en forma de preguntas parlamentarias, Capdevila cuestiona el criterio del Gobierno y le pregunta si considera justa la situación creada, con invitación a que se corrija lo que él cataloga como un «agravio».
