ERC deja en el aire su apoyo a la prórroga de Verifactu y a la cesión a Cataluña de habilitados nacionales

Junts, PNV, Bildu, Podemos y BNG votarán a favor de la norma, mientras PP y Vox critican las «cesiones al independentismo»

La diputada de ERC, Inés Granollers, ha sido muy crítica con el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, se aplaza el sistema Verifactu y se devuelve a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales.

ERC considera que este decreto es «un auténtico churro», un texto que el Gobierno presenta como una respuesta urgente a tres ámbitos muy distintos. «El PSOE nos demuestra que le encanta ir a volantazos. Así que hoy quizás nos permitiremos el lujo también de ir dando bandazos», ha advertido la diputada.

Desde ERC han recordado que la semana pasada el PSOE votó en contra en el Senado a la posibilidad de que los ayuntamientos utilicen el superávit de 2024 para financiar inversiones. «¿Por qué tendremos ahora que votar a favor nosotros?», se ha preguntado la diputada.

Por otro lado, el grupo registró una enmienda en la ley de Función Pública para el traspaso de la gestión de los funcionarios habilitados nacionales a la Generalitat de Cataluña. «¿Por qué tenemos que votar a favor hoy?», se ha vuelto a preguntar.

EL GOBIERNO DEFIENDE EL DECRETO

Frente a esto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido ante el Congreso que este real decreto ley, que lo que hace es ayudar a las administraciones públicas con las inversiones financieramente sostenibles, también da respuesta a los habilitados nacionales y a los autónomos con los aplazamientos de Verifactu que son «absolutamente justos y necesarios».

En primer lugar, con este real decreto-ley se pretende favorecer la actividad inversora de las administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años.

De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las comunidades autónomas como de las entidades locales, se podrán destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público.

Por su parte, con este real decreto-ley el Gobierno plantea devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, cumpliendo así una de las exigencias de Junts.

«El término correcto es devolver, porque todas las comunidades autónomas tenían esa competencia entre los años 2007 y 2013 y fue retirada, con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy, ante la excusa de la crisis, y se centralizó lo que estaba descentralizado», ha explicado el ministro.

Según ha recordado Ángel Víctor Torres, esta medida se acordó en la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España, celebrada en febrero de este año.

Por último, el real decreto incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema Verifactu , que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas.

Estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

VOX Y PP CRITICAN LA «CESIÓN AL SEPARATISMO CATALÁN»

Vox ha defendido su posición en contra a la norma, ya que el diputado, Juan José Aizcorbe, ha advertido de que este real decreto-ley es «un envoltorio amable, con inversiones financieramente sostenibles y un posible alivio para los autónomos, que oculta «una alteración profunda de la arquitectura institucional del Estado».

Para la formación que lidera Santiago Abascal se trata de un «obsequio» que se presenta como urgente y necesario, pero que contiene «una cesión competencial estructural» para la devolución a Cataluña de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales.

«Hoy no discutimos sólo un decreto ley, discutimos un método de demolición institucional que usa cuerpos estatales como moneda de cambio. Hoy son los habilitados, mañana podrían ser otros vértices del Estado», ha señalado Aizcorbe.

Por su parte, el diputado del PP, Antonio Román, considera que es un real decreto-ley que no nace para solucionar los problemas de los ciudadanos, sino para construir «un artificio legislativo para satisfacer las exigencias del independentismo».

«Este real decreto no puede ser convalidado por mezclar materias inconexas con una finalidad política evidente y de no cumplir el requisito constitucional de urgencia, por dañar la seguridad jurídica de los autónomos, por llegar tarde y sin diálogo en el ámbito municipal, o por romper el modelo nacional de habilitados», ha advertido el diputado popular .

BNG, PODEMOS, PNV, BILDU Y JUNTS, A FAVOR

Por el contrario, el diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, considera que este real decreto-ley responde a necesidades concretas de sectores muy perjudicados por «la dejadez» del Gobierno español: «autónomos, pequeñas empresas, ayuntamientos son los principales afectados».

«Con este Real Decreto-Ley lo que vemos es que el Gobierno español por fin se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros. De hecho, en el Real Decreto-Ley sólo hay temas de Junts per Cataluña», ha puesto en valor el diputado.

Por su parte, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha asegurado que el grupo vasco va a votar a favor de este real decreto «por coherencia» y porque este texto recoge una de sus principales peticiones, vinculadas a habilitar el uso del superávit de las administraciones para destinarlos a inversiones financieras sostenibles.

Sobre la cesión de competencias a Cataluña, el PNV ha trasladado que comparte plenamente esta medida porque «refuerza la descentralización y la autonomía de las comunidades».

Desde EH Bildu, Mikel Otero, también ha avanzado su voto a favor de este real decreto-ley que incluye diferentes medidas en diferentes ámbitos. «De hecho, cualquiera podría calificarlos como ómnibus, algo que generaba una gran oposición cuando lo que incluían eran medidas sociales y se convirtió en la excusa perfecta para que algunos se opusieran y rechazaran medidas de protección social para la ciudadanía», ha recordado.

Para el BNG, el diputado Néstor Rego considera que este real decreto-ley de medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas es «necesario y positivo».

En el caso de Podemos también se ha trasladado su apoyo a la norma. Para la diputada, Martina Velarde, la medida más importante y principal de esta norma es la que tiene que ver con favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas.

En cuanto a Verifactu , Velarde no entiende por qué el Gobierno usa el real decreto ley para lo que podían haber modificado directamente en un Consejo de Ministros y por qué ha esperado hasta diciembre para tomar la decisión de prorrogar la entrada en vigor de este sistema.

No obstante, Podemos ha trasladado una crítica a la cesión a Cataluña de la competencia sobre los habitados nacionales. «Esto se ha hecho sin negociar directamente con el colectivo de trabajadores que van a ver modificadas sus condiciones laborales y que hoy se manifiestan ante el Congreso», ha lamentado la diputada.