ERC defenderá el jueves en el Congreso su reforma legal para suprimir la justicia militar
Esquerra Republicana (ERC) defenderá este jueves en el Pleno del Congreso una propuesta de reforma legal que persigue eliminar la jurisdicción militar y restringirla a situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio.
En concreto, plantea modificar tanto la Ley de competencia y organización de la Jurisdicción Militar como la Ley del Código Penal Militar con el objetivo de poner fin a las «disfunciones» que actualmente existen en los procedimientos militares y adecuar la justicia militar española a los estándares recomendados por Naciones Unidas.
Según denuncia, estas disfunciones han traído consigo impunidad en acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas. En concreto, según datos de ANEMOI, hasta el 31 de diciembre de 2015 se produjeron un total de 174 denuncias por acoso o agresión sexual y laboral de las que sólo el 12,5% terminaron en condenas, y los tribunales militares permitieron que los condenados siguieran en las Fuerzas Armadas.
Además, los independentistas catalanes censuran que ningún coronel ni general haya sido expulsado en los últimos 19 años por corrupción de las Fuerzas Armadas o que no haya habido condenas por siniestros mortales que se podrían haber evitado relativos al manejo de explosivos en mal estado –que han provocado la muerte de nueve militares en la última década–, vehículos en mal estado –por lo que han muerta unos 40 efectivos– o la alta siniestralidad de las aeronaves.
ES UN ANACRONISMO
Con todo, ERC ve necesario restringir o eliminar la justicia militar porque no deja de ser un «anacronismo» en España y una «anomalía» en Europa su existencia –Alemania eliminó la justicia militar en tiempos de paz de 1949 y Francia, en 1982– pero también para garantizar la «falta de independencia e imparcialidad».
Asimismo, el grupo que capitanea Gabriel Rufián persigue con esta reforma legal que los mismos delitos dejen de tener consecuencias jurídicas diferentes en función del lugar en el que se produzcan y el trabajo de los implicados y poner fin a que la justicia militar permita que «estafadores, ladrones, acosadores o agresores» continúen en las Fuerzas Armadas o que sigan juzgando a civiles como ocurre en la actualidad.
