ERC censura en el Congreso el desalojo del instituto okupado en Badalona y anima a regularizar a los migrantes
Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este viernes varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno censurando el desalojo este miércoles del antiguo Instituto B9 de Badalona, convertido en un asentamiento ocupado, «que dejó a decenas de personas, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular, en una situación de vulnerabilidad extrema y sin alternativa habitacional», y ha animado al Gobierno a regularizar a los extranjeros afectados.
El desalojo se llevó a cabo a petición del Ayuntamiento de Badalona, mediante una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre que autoriza al Consistorio a recuperar la propiedad.
El diputado Jordi Salvador ha denunciado que el desalojo se ejecutó «sin garantizar mecanismos suficientes de realojo de emergencia, vulnerando derechos humanos básicos y exponiendo a las personas afectadas a una situación de grave desamparo». «El caso del B9 no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo que criminaliza la pobreza y la migración. Reproduce el racismo institucional y prioriza la competición por la derecha por encima de la protección social», ha afirmado.
EVITAR TRASLADOS AL CIE
El parlamentario ha puesto el foco en el impacto de la Ley de Extranjería, que, según ha explicado, «agrava la desprotección de las personas migrantes y dificulta el acceso a los servicios sociales», y ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si piensa actuar con medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales y evitar traslados a CIE tras desalojos forzosos. «Es necesario asegurar que estos procedimientos cumplan ahora los estándares internacionales de derechos humanos», ha exigido.
Finalmente, Esquerra también ha preguntado al Ejecutivo si piensa impulsar vías de regularización de personas migrantes ante el bloqueo de la proposición de Ley de Regularización y reclama, una vez más, «voluntad política para afrontar la grave crisis de la vivienda y el sinhogarismo desde una perspectiva de derechos».
