Enrique Santiago defiende una reforma que limite las competencias del CGPJ si persiste el bloqueo en su renovación

Apuesta por ceñir sus funciones a nombramientos, inspección, régimen sancionador y ascensos, como define la Carta Magna

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha apostado por impulsar una reforma del Consejo General del Poder Judicial que limite sus competencias exclusivamente a las parcelas que le confiere la Constitución en caso de persistir el «secuestro» de este organismo por parte de la «derecha judicial y política».

Concretamente, ha defendido que una forma de actuar ante este bloqueo es restringir exclusivamente sus atribuciones a solo cuatro campos: nombramientos de altas instancias judiciales, régimen disciplinario, ascensos de carrera judicial y labor de inspección mientras se le eliminarían otras parcelas, como por ejemplo el ámbito de formación. Y también es partidario de que dichas competencias también quedarían en suspenso temporalmente cuando sus miembros pasaran a situación de mandado caducado, salvo razones de estricta urgencia.

En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de IU ha indicado que ante esta «sistemática» actitud «antisistema» del PP, que no accede a la renovación de esta institución, hay que tomar medidas porque el Ejecutivo ha demostrado ya «demasiada paciencia».

De hecho, Santiago ha desgranado que en el bloqueo del CGPJ aprecia una «operación sediciosa» por parte de la derecha «política y judicial», que comporta el «incumplimiento» sistemático de la Constitución que dura cuatro años.

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Agravada además, según ha argumentado, por el retraso en la elección de los dos vocales que debe proponer el organismos para renovar el Tribunal Constitucional y que debería haberse cumplido el pasado 13 de septiembre. Es más, Santiago ha denunciado que se produce una situación «tan fuera de lugar» como que los vocales conservadores no cumplan una ley porque «no les gusta».

Todo ello, a su juicio, ha derivado en una anomalía que ya no es «nada sorprendente» y que, ante el «absoluto descrédito» del CGPJ, le lleva a reflexionar que el órgano de gobierno de los jueces no es tan necesario y que debería emprenderse una reforma para ceñir sus competencias a las que recoge la Constitución: «ni una más ni una menos».

Un cambio legislativo que para Santiago sería una solución para evitar futuros «secuestros» del Poder Judicial, trasladando esos ámbitos que ahora recaen sobre el CGPJ a otro ámbito administrativo, como puede ser el Ministerio de Justicia. Incluso ha deslizado que todo lo que rodea a este bloqueo deja claro que a sus miembros primen sobre todo el aspecto de nombramientos y no se le «conocen» medidas promovidas para la mejora del funcionamiento de la oficina judicial.

Asimismo, Santiago ha lanzado que el CGPJ no es un «organismo tan importante» en el ámbito europeo y que hay países del entorno comunitario que, o bien no lo tienen como Alemania, u optan por otros sistemas como en el caso de Bélgica, que tiene un sistema de 22 integrantes donde únicamente hay ocho jueces y el resto son juristas o académicos, abriendo incluso la representación a la sociedad civil.

Por otro lado, desde el espacio confederal recalcan que esta es su postura exclusivamente y que por ahora no van a impulsar ninguna iniciativa, aunque entienden que si la situación de «fragante» incumplimiento del PP persiste hay que tomar medidas y promover una reforma de la ley del Poder Judicial.

A su vez, apuestan también por establecer mecanismos de suspensión parcial de las atribuciones constitucionales o permitir que otras esferas institucionales también participen en las mismas cuando se entre en periodo de funciones, como por ejemplo derivar los nombramientos al Congreso o hacerlo de forma compartida. También en los otros ámbitos se podría dar cabida al Ministerio de Justicia.

Y es que la filosofía del socio minoritario de la coalición es que con estos cambios ayudarían también a forzar un acuerdo entre las formaciones políticas cuando se acercara el fin del mandado de sus vocales.

Finalmente, Unidas Podemos también mantiene su tesis de que ante situaciones de bloqueo y falta de consenso de dos tercios de la cámara, se debe habilitar la opción de la mayoría absoluta. Una postura que el PSOE desistió en su momento.