Ennahda denuncia que la nueva primera ministra fue nombrada «sin respetar las normas constitucionales»

El partido islamista tunecino Ennahda ha advertido contra la designación de Najla Buden Romhdane como primera ministra «sin respetar las normas constitucionales» y ha vuelto a cargar contra el presidente, Kais Saied «por seguir actuando al margen de la Constitución».

Saied, quien en julio disolvió el Parlamento y se arrogó plenos poderes, nombró el miércoles a Romdhane como primera ministra, con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país, y le pidió que ensamble «lo antes posible» el nuevo Gobierno.

Así, Ennahda, que cuenta con mayor número de escaños en la Asamblea de Representantes del Pueblo –el Parlamento unicameral tunecino–, ha criticado que el nombramiento se haya fundamentado «en un decreto anticonstitucional que va más allá de las atribuciones informales», según ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

Así, ha destacado que para que la primera ministra cuenta con legitimidad debe ser sometida a una moción de confianza en el Parlamento y ha acusado a Saied de «negarse a escuchar la voz de la razón para respetar la Carta Magna y volver al proceso democrático bloqueado desde el 25 de julio».

Por ello, ha advertido sobre la crisis económica y el aumento del déficit presupuestario, al tiempo que ha pedido a los partidos que se oponen a las decisiones de Saied a que coordinen sus acciones para hacerles frente de forma pacífica.

El partido islamista reclamó el miércoles a su líder y presidente del Parlamento, Rachid Ghanuchi, que retome los trabajos del organismo, en desafío a las órdenes de Saied, al que acusó de «un bloqueo de la Constitución» a través de la imposición de una batería de medidas excepcionales.

El nombramiento ha llegado más de dos meses después de que Saied ordenara la suspensión del Parlamento y cesara al primer ministro, Hichem Mechichi, en el marco de una batería de medidas extraordinarias para arrogarse todas las competencias que han desatado denuncias sobre un golpe de Estado en el país.

El presidente tunecino afirmó tras ello que su decisión era una respuesta a las movilizaciones de los días previos contra la gestión de la pandemia, la corrupción y la grave crisis económica y defendió en todo momento que se fundamenta en la Constitución.

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días. Las acciones posteriores del presidente, con varias prórrogas de estas medidas incluidas, han sido condenadas por el principal partido del país, el islamista Ennahda, que ha reclamado el fin de las medidas excepcionales.