Elkarrekin Podemos no contempla un Poder Judicial Vasco al no permitirse su división territorial

Propone una «profunda» reforma de la arquitectura institucional vasca «pensada para el siglo XXI», que refuerce el papel de los municipios

BILBAO, 12

Elkarrekin Podemos no contempla que el nuevo Estatuto incluya un Poder Judicial Vasco, porque no está permitida su división territorial, aunque cree que se pueden incluir previsiones estatutarias para la mejora de la Administración de Justicia, sin entrar en «materia reservada a la competencia estatal». Además, plantea una «profunda» reforma de la arquitectura institucional en Euskadi que refuerce el papel de los municipios y esté «pensada para el siglo XXI», no «para el siglo pasado ni mucho menos para el XIX».

En su propuesta para el Título de los Poderes del País Vasco, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo liderado por Lander Martínez cree que se está «ante el núcleo de lo que será la futura institucionalidad de Euskadi», por lo que «reducirlo otra vez a una cuestión de competencias, constituye una grave irresponsabilidad».

En este sentido, destaca que, si se aspira a asentar las bases «de una democracia de alta calidad, es necesario garantizar que las instituciones tienen un funcionamiento ejemplar», al servicio de las demandas y necesidades de la ciudadanía.

En cuanto al Poder Judicial, dice que los intentos de reforma de la legislación de la Administración de Justicia para adecuar su estructura a la naturaleza compuesta del Estado «no son nuevas, así como tampoco lo son las propuestas de creación de un Consejo de Justicia propio de una Comunidad o la introducción de la figura de un fiscal superior de la misma».

Sin embargo, apunta que, «en aras de la efectividad de los trabajos de esta ponencia», no se pueden «olvidar las limitaciones que al respecto han sido establecidas desde el propio Tribunal Constitucional». «A día de hoy, la estructura territorialmente descentralizada que afecta a la órbita de los poderes legislativos y ejecutivos no responde a la misma lógica con la que la Constitución Española recoge las potestades jurisdiccionales», subraya.

En esta línea, apunta que «la cuestión territorial no permite la división territorial del Poder Judicial en sí mismo, que pertenece siempre y en todo caso al ámbito estatal y que se materializa a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».

Sin embargo, manifiesta que «nada impide incluir entre las previsiones estatutarias preceptos dedicados al Poder Judicial, siempre y cuando no se extiendan sobre materia reservada a la competencia estatal».

En este sentido, remarca que «sí sería posible explorar mecanismos que como complemento a la Administración de Justicia permitan acercar a la ciudadanía herramientas para la resolución de conflictos y dotar de medios para efectuar tareas de mediación o incluso para la supervisión del cumplimiento de las resoluciones judiciales».

EVITAR ABUSOS

A su juicio, en el tema de los poderes del País Vasco deben garantizarse «instrumentos y mecanismos que eviten abusos de poder» y apuesta por un «control democrático de las instituciones, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia».

«Todo lo sucedido en la última década, con la injusta gestión de la crisis, ha revelado que es fundamental que las garantías no solo deben limitarse al ámbito de los derechos civiles y políticos, sino al de los derechos económicos, sociales y culturales», asevera.

Por ello, su propuesta prioriza lo social y prescinde de conceptos como fondo de poder , que «reducen estas cuestiones a quién gestiona y no se centra en el cómo ni en el para qué». «La prioridad debe ser mejorar la vida de la ciudadanía aquí y ahora, y eso implica dotarnos de una estructura racional, que evite conflictos jurisdiccionales entre unos y otros niveles de gobierno», añade.

En este sentido, recuerda que el autogobierno «ha adoptado en Euskadi una forma singular, con respaldo constitucional, y que ha permitido llegar a día de hoy con un entramado institucional como es el foral».

Elkarrekin Podemos, «al contrario que otras propuestas» de otros grupos, no vincula la arquitectura institucional «al mantenimiento del actual statu quo por ser un vestigio histórico». «Deberá ser el resultado de la decisión que tomemos la ciudadanía en el siglo XXI para afrontar con las mejores opciones nuestros retos presentes y futuros», asegura, para abogar por «un profundo cambio en el actual modelo que define la Ley de Territorios Históricos (LTH) y hacerlo desde el propio Estatuto y no en una Ley posterior».

ORGANIZACIÓN INTRATERRITORIAL

La coalición progresista señala que las instituciones vascas deben estar «pensadas para el siglo XXI», no para «el siglo pasado, ni mucho menos para el XIX». Además, considera que deben que ser permeables «a las demandas ciudadanas para hacer frente esos retos que, como lo demuestran movimientos surgidos desde el ya famoso 15M, exigen una relocalización de los ámbitos de decisión y mayor transparencia en la gobernanza».

A su entender, se debe superar «la clásica visión de la relación entre gobernantes y gobernados», y relacionarse con la ciudadanía mediante «la consulta, el diálogo, la negociación, el acuerdo, la eficiencia en la gestión y el respeto al Estado de Derecho democrático».

El grupo de izquierdas cree que, «para lograr esa democracia participativa, se hace necesario un marco estatutario y legal adecuado que canalice la participación ciudadana».

Asimismo, apuesta por una estructura que traslade «a aquellas instituciones que están más cercanas a la ciudadanía las más amplias cuotas de soberanía». No obstante, precisa que esta «relocalización política no debe suponer una pérdida de la perspectiva global».

FISCALIDAD

Elkarrekin Podemos se refiere a la Fiscalidad, para apuntar que la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal establece que «el Gobierno irá remitiendo al Parlamento Vasco el proyecto o proyectos de ley correspondientes a la armonización fiscal de los distintos impuestos, algo que nunca se ha hecho, a pesar de que en algunos momentos las diferencias entre las normas forales en materias tan sensibles como la fiscalidad eran notables».

Además, aboga por encontrar «acomodo» a la «diversidad territorial y social», y por incluir en el Estatuto capítulos específicos «que recojan las competencias y funciones de cada nivel administrativo e institucional» que priorice lo local.

El documento tiene «vocación municipalista» con el «refuerzo del papel de los municipios vascos», y cree que deben tener «la oportuna» capacidad legislativa y financiera. En esta línea, entiende que las instituciones forales deben dar apoyo al nivel municipal y promover un desarrollo equilibrado dentro de cada Territorio.

Además, propone que las Haciendas Forales realicen labores de exacción fiscal y que las Juntas Generales adecuen al territorio las normas fiscales de armonización que emanen del Parlamento Vasco.

PARLAMENTO Y GOBIERNO VASCOS

Elkarrekin Podemos entiende que el Parlamento y el Gobierno vascos se tienen que coordinar y armonizar, para garantizar la unidad de criterio en cuestiones regulatorias de la gobernanza que afecten a la equidad de la ciudadanía.

Su cometido, según apunta, debe ser «asegurar la igualdad interterritorial». En esta línea, aboga por armonizar las políticas sectoriales y elaborar normas básicas en cuestiones como derechos sociales, convivencia, derechos humanos, política económica, infraestructuras estratégicas y fiscalidad.

Asimismo, apunta que regularán las relaciones supraterritoriales con el resto del Estado y la UE, estableciendo criterios «claros y objetivos» sobre el Concierto Económico y el Cupo. «Al igual que ocurre en el ámbito de la relación con los poderes centrales del Estado, en organizaciones complejas como ésta, es imprescindible sentar una profunda y sincera cultura de respeto mutuo y de lealtad interinstitucional», asevera.