El vicepresidente de Canarias afirma que el «desanclaje» del REF de la financiación autonómica «es innegociable»

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado que el «desanclaje» del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica «es innegociable», según ha señalado este martes tras una recepción al embajador de Kazajstan en España, Zhigalov Konstantin.

De esta manera, aseguró que el borrador remitido por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica le genera «intranquilidad», especialmente las referencias a la insularidad y a las especificidades económicas y fiscales del Islas, «que no me gustan».

A falta de un análisis en profundidad de la propuesta, que tiene enorme complejidad técnica, el vicepresidente subrayó que «no vamos a tolerar que se reabra el debate sobre la vinculación de los recursos del REF con la financiación autonómica».

Además, Rodríguez insistió en la reclamación de Canarias para que los criterios de reparto de la financiación autonómica incluyan ponderaciones en función de la renta disponible, la pobreza o los niveles de desempleo.

Las autonomías tendrán en todo caso hasta el mes de enero para realizar sus valoraciones y aportaciones al documento remitido por Madrid. «Lo ideal –agregó– sería que Canarias estuviera fuera del régimen común, precisamente por sus particularidades económicas, fiscales y geográficas, porque si bien no somos Euskadi o Navarra, tampoco somos a esos efectos una comunidad autónoma como las demás».

Por otro lado, Rodríguez insistió en la necesidad de generalizar el uso del certificado Covid y recordó que otros países están solicitando, además de este pasaporte, una prueba diagnóstica, por lo que indicó que esa será la vía que se imponga globalmente, porque «es bueno para la salud de las personas, para la movilidad y, por tanto, para la economía».

Finalmente, volvió a señalar que el uso del pasaporte no debe ser una cuestión a regular por cada comunidad autónoma y validada por la justicia, sino que las Cortes de España deberían haber tomado la iniciativa y promovido normas en este sentido idénticas en todo el Estado.

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