El uso de pelotas de goma por la Policía, principal escollo para reformar la ley mordaza antes de fin de año

Unidas Podemos plantea fijar un periodo transitorio para su paulatina eliminación, pero los socios parlamentarios exigen excluirlas ya

El grupo de trabajo compuesto por los partidos del Gobierno y sus habituales socios parlamentarios han retomado los contactos para tratar de alcanzar un pacto sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP, conocida por sus detractores como ley mordaza , unas negociaciones que siguen presentando como principal escollo que se elimine el uso de las pelotas de goma dentro del material antidisturbio de la Policía.

Según informan a Europa Press fuentes parlamentarias, las negociaciones se limitan todavía al intercambio de propuestas entre los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y sus principales socios parlamentarios. La idea es intentar sellar un acuerdo en torno a las enmiendas primero entre socios para después volver a convocar la ponencia de la que forman parte todos los grupos con representación parlamentaria.

Los más optimistas hablan de la posibilidad de reunir la ponencia en las próximas semanas, quizá en octubre, pero hay formaciones que lo ven harto complicado y auguran que quizá no haya acuerdo, si finalmente se alcanza, hasta final de año.

Y MIENTRAS INTERIOR COMPRA 60.000 PELOTAS

Entre los socios del Gobierno ha caído esta semana como un jarro de agua fría la decisión del Ministerio del Interior de comprar unas 60.000 pelotas de goma para reponer existencias en las unidades de intervención policial, conocidas como antidisturbios .

Desde ERC, han remarcado que esto no ayuda a las negociaciones y, como EH Bildu y Más País, han cuestionado la decisión remitiéndose a informes de organizaciones de derechos humanos que reportan la «extrema gravedad» que comporta su uso por las lesiones que pueden originar.

Los socios del Ejecutivo apremian para cerrar la reforma de la ley mordaza , un compromiso de legislatura sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019. Desde Unidas Podemos, el coportavoz Javier Sánchez Serna calificó hace un mes de «vergüenza» que la norma llevara más tiempo en vigor con el Gobierno socialista que con el PP, que sacó adelante la ley en 2015 gracias a su mayoría absoluta.

SIN AVANCES DESDE ANTES DEL VERANO

Sobre el papel, la situación está como antes del verano debido a la falta de avances significativos durante el periodo de vacaciones. Los grupos ya cerraron en la ponencia el nuevo texto de 29 artículos –sobre 54– de la futura Ley de Seguridad Ciudadana, a lo que se suman otros doce ya pactados. No obstante, en torno a la mitad de estos últimos no tienen aún cerrada la nueva redacción.

Los socios del Ejecutivo trabajan con el objetivo de que el nuevo texto de la ley se eleve a la ponencia y luego a la Comisión de Interior antes de Navidad. Fuentes de EH Bildu no descartan que se pueda convocar la comisión en octubre, aunque advierten de que eliminar las pelotas de goma es una «línea roja» para apoyar la reforma.

También insiste en este punto ERC, quien exige, asimismo, que se modifique el asunto relativo a las «falta de respeto» a agentes de las Fuerzas de Seguridad, el relativo a la desobediencia que, subrayan, ya está en el Código Penal y también el de la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones en las que se produzcan altercados. A su juicio, habrá que castigar a quien, por ejemplo, queme contenedores, pero no a quien organiza la protesta.

Desde Unidas Podemos reconocen que sigue habiendo escollos, principalmente en el uso del material antidisturbio que usa la Unidad de Intervención Policial (UIP), algo que en el pasado ya ha sido objeto de polémica: en 2014, por ejemplo, el Gobierno del PP sostuvo a raíz de las quejas del Defensor del Pueblo que las pelotas de goma se limitaban «sólo a casos extremos y debidamente justificados».

ERC y EH Bildu ejercen en este punto una mayor presión para la eliminación total e inmediata de las pelotas de goma, tomando como referencia que en Cataluña los Mossos d Esquadra ya disponen de un material conocido como foam, considerado a priori menos lesivo, aunque también cuestionado por algunos colectivos sociales tras las lesiones en las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel.

Unidas Podemos, por su parte, respalda que se dejen usar pelotas de goma, aunque entiende que se debe ser más flexible en los plazos y abrir un periodo de transición hasta su total eliminación.

El partido morado también busca reformular el peso actual de la veracidad de los policías en las actas con propuestas de sanción, para lo que en la nueva norma se quiere exigir que el relato de hechos resulte «coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario».

Otro escollo para Unidas Podemos es reformular el mecanismo actual que sirve para notificar las multas derivadas de la ley mordaza al entender que existen vacíos legales por la falta de supervisión judicial.

DEVOLUCIONES O REGISTROS CORPORALES

Otras cuestiones como eliminar por completo las devoluciones en caliente de migrantes se pactó que quedara regulado en la Ley de Extranjería, sacándolo de la ley mordaza . También hay acuerdo mayoritario en modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para «reducir al mínimo» los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.

La intención de los partidos que gobiernan en coalición es «aumentar las garantías» en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. En adelante se pretende que estas grabaciones –por ejemplo en una manifestación que derive en altercados– se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.

Los sindicatos policiales se manifestaron en Madrid para expresar sus dudas –aunque algunos han matizado en las últimas semanas su rechazo frontal a la vista del cauce de las negociaciones– sobre la fórmula elegida para las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.

El 19 de enero la ponencia cerró un acuerdo para regular los controles en vía pública para vincularlos a supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevención de delitos graves, limitando el tiempo de duración al mínimo imprescindible.