El uso de la factura electrónica en España creció un 16,6% en 2020, según Seres

Madrid, Cataluña y Andalucía encabezan el ranking de autonomías por volumen de emisión y recepción de facturas electrónicas

El volumen total de facturas electrónicas emitidas en España en 2020 ascendió a más de 240,7 millones, lo que supone un incremento del 16,6% respecto a los alrededor de 206,46 millones de 2019, según un estudio elaborado por la compañía de intercambio electrónico seguro de documentos Seres.

El Estudio comparativo del uso de la factura electrónica en España 2019-2020 detalla que este incremento es todavía mayor si se tiene únicamente en cuenta el volumen de facturas emitidas en las transacciones comerciales entre empresas (B2B), que ha aumentado un 17,89%, hasta los 202,5 millones.

Asimismo, el informe remarca que el uso de la factura electrónica en 2020 permitió el ahorro de más de 1.868 millones euros en costes de gestión y evitó un uso de papel equivalente a 12.960 pinos, ahorrando además un tiempo en horas de trabajo equivalente a 515 años laborables.

Por comunidades autónomas, Madrid encabezó en 2020 el volumen de emisión de facturas electrónicas con el 36,81% del total de facturas emitidas en España, seguida por Cataluña con el 27,27% y Andalucía con el 10,54%.

Por el contrario, el estudio de la empresa Seres apunta que Ceuta y Melilla (0,01%), Islas Baleares (0,14%) y Extremadura (0,21%) fueron las comunidades autónomas que registraron los menores volúmenes de emisión el pasado año.

En cuanto a la recepción de facturas electrónicas, la Comunidad de Madrid también encabeza la lista con el 26,83% del total, seguida de Cataluña (24,96%) y Andalucía (8,87%). Por el contrario, Ceuta y Melilla (0,02%), La Rioja (0,31%) y Extremadura (0,47 %) son las autonomías con menores volúmenes de facturas electrónicas recibidas en 2020.

DATOS POR SECTORES

Por sectores, el informe recoge que el sector servicios encabeza el uso de la factura electrónica, con el 61,78% de los documentos emitidos y el 77,17% de los recibidos, representando el 55,88% de las empresas emisoras y el 58,52% de las receptoras.

En segundo lugar se encuentra la industria, con el 27,81% de los documentos emitidos y el 28,07% de los recibidos. Este sector comprende al 41,80% de las empresas emisoras y al 36,68% de las receptoras.

Por último, el sector primario representa solo el 0,46% de los documentos emitidos y el 0,54% de los documentos recibidos. Tan solo un 1,19% de las empresas emisoras y un 1,57% de las empresas receptoras de facturas electrónicas pertenecen a este sector.

Por tipología y actividad de las empresas, la pequeña empresa lidera el uso de la factura electrónica con el 34,78% de las emisiones totales y el 32,09% de las recepciones, mientras que la mediana empresa representa el 34,02% de las emisiones y el 25,11% de las recepciones.

Por su parte, la gran empresa supone el 15,78% de las emisiones y el 13,65% de las recepciones, mientras que la microempresa emite el 15,42% de las facturas electrónicas y destaca por recibir el 29,15% del total.

Seres también informa de que las empresas que más emiten sus facturas de forma electrónica pertenecen a la industria manufacturera, el sector retail , la construcción, las empresas suministradoras de agua y energía y el comercio.

IMPACTO DEL COVID

Por otro lado, el estudio detalla que la crisis sanitaria del Covid-19 explica, en parte, el auge de los servicios de facturación electrónica registrado en 2020, siendo especialmente relevante su crecimiento en las transacciones entre empresas.

«En un contexto que ha obligado a reducir la presencialidad en las relaciones comerciales, la firma y la factura electrónica han tomado una importancia significativa, sirviendo incluso como primer paso para la digitalización total de muchos negocios», afirma.

Además, destaca que el 18 de abril de 2020 marcó un nuevo avance hacia la administración electrónica en la Unión Europea, al hacerse obligatoria la recepción de las facturas en formato electrónico de todas las entidades y organizaciones no centrales de las Administraciones Públicas de los países que integran la UE.