Los lobistas profesionales demandan una normativa «equilibrada y sin excepciones» que regule su actividad
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha insistido en la necesidad de una normativa gubernamental que regule su actividad de forma «equilibrada y sin excepciones», según han informado en un comunicado.
La asociación de lobistas profesionales ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés presentado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y ha solicitado que este se tramite por procedimiento de urgencia.
APRI ha mostrado su preocupación por la exclusión de la obligatoriedad de registrarse que este Anteproyecto concede a determinados grupos de interés, así como por las desigualdades de derechos y obligaciones entre lobistas y servidores públicos que, a su juicio, esta normativa no soluciona.
«Las obligaciones éticas han de ser equilibradas y aplicadas por ambas partes en el ámbito de su responsabilidad, tanto por parte del lobista o grupo de interés como por parte del responsable público sujeto de influencia», ha señalado la vocal del Comité de Regulación de APRI, Dolores González.
Además, desde la asociación han solicitado la creación de un órgano independiente que registre un mayor control de sus obligaciones, salvaguarde sus derechos y «resuelva de modo más efectivo la aplicación de la ley».
Las peticiones de APRI vienen respaldadas por lo ocurrido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate , y es por ello que insisten en la necesidad de que la regulación se acelere en el tiempo pero «de una forma adecuada».
«LOBISTA QUIEN HACE LOBBY»
Los lobistas profesionales consideran que «todo agente que desarrolle actividades de influencia por cuenta propia, a través de intermediarios o en representación de terceros» debe ajustarse a la normativa reguladora de los grupos de interés. «Lobista quien hace lobby», sentencian.
«Excluir del registro a un tipo de grupo de interés cuando este grupo realiza actividades de influencia, solo conlleva que estas actividades se desarrollen en la opacidad y sin tener que responder al compromiso ético que establece la ley», ha apuntado el secretario de APRI, Esteban Egea.
