MADRID, 29

El Tribunal Supremo de México ha ratificado este martes la presencia del Ejército en las calles del país en materia de seguridad pública, en el marco de la lucha contra el crimen organizado ordenada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El Pleno del Tribunal, por mayoría de ocho votos, ha validado la constitucionalidad de la orden del mes de agosto de López Obrador, que ordenó la salida de soldados e infantes de la Marina de sus cuarteles para enfrentar el crimen organizado.

Así, ha establecido que el jefe del Estado ha utilizado de forma correcta su facultad establecida en el artículo 5 del Decreto de reforma constitucional, a pesar de que el presidente de la sala, Arturo Zaldívar, ha rechazado que con esta resolución el órgano autorice la militarización de las tareas de seguridad pública.

«El hecho de que este Tribunal Supremo valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración (…), de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la Seguridad Pública», ha explicado, tal y como recoge el periódico Excelsior .

El acuerdo, además, menciona que las Fuerzas Armadas se regirán por la estricta observancia y respeto a los Derechos Humanos, en cumplimiento de la Constitución o la ley nacional sobre el uso de la fuerza.

Esta medida, aprobada por la Cámara de Diputados, permite que durante 10 años desde la aprobación de la ley de seguridad pública –en vigor desde 2019– la Guardia Nacional mexicana podrá disponer de militares en tareas de seguridad pública de manera «extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria», a petición del mandatario del país.

López Obrador planteó en el mes de agosto que soldados e infantes de la Marina mexicana permanecieran en las calles más allá de 2024 para apoyar a la Policía mexicana en las labores de seguridad pública, después de que en 2019 sacara adelante una reforma que tenía un plazo máximo de 5 años. Anteriormente, López Obrador ha objetado que la «emergencia que vive el país en seguridad pública» hace necesaria dicha ampliación.