El Tribunal de Cuentas recomienda a Vivienda reforzar la cooperación y coordinación con CCAA y ayuntamientos
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio de Vivienda que coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados.
Además, ha instado a establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento, para diseñar los programas de actuación realmente ajustados al horizonte temporal de cuatro años y para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2018-2021 .
Las comunidades tienen asumidas las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, sin perjuicio de las competencias que asimismo corresponden a las entidades locales. Sin embargo, corresponde al Estado la dirección de la política general en relación, en este caso, con el sector de la vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda.
Así, pues, el Informe abarca exclusivamente las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación realizadas por Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 a la cofinanciación por las comunidades (el 21,30%).
El informe refleja diversas debilidades en la planificación y diseño del Plan, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el Tercer Sector.
Estas debilidades afectan, según el Tribunal, a la coherencia del Plan, y propician la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades.
Por otro lado, el informe concluye que los objetivos definidos en el plan no estaban cuantificados lo que dificulta la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones o la imposibilidad de diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda.
