El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades de 154 millones de euros en los ingresos de varios ayuntamientos en 2020

El Tribunal de Cuentas ha constatado un total de 693 anomalías en los ingresos de varios ayuntamientos en el año 2020, por un importe de 145,4 millones de euros. La mayoría de estas irregularidades correspondían a ingresos de naturaleza tributaria derivados principalmente de impuestos locales y tasas.

En el 11% de estas anomalías, por importe de 11,3 millones de euros, los interventores apreciaron que los hechos comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables.

Así consta en el informe de fiscalización relativa a la organización y los resultados del control interno, así como a las actuaciones de control financiero de los ayuntamientos, del ejercicio 2020, que el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado hace unas semanas.

Según explica el tribunal fiscalizador, el 60% de los expedientes de anomalías en materia de ingresos se produjo en los ayuntamientos con una población entre 5.001 y 50.000 habitantes, los cuales tienen una menor capacidad para la gestión de sus ingresos que aquellos que de mayor población, aunque estos expedientes suponían apenas un 18% del importe total comunicado.

En cambio, los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes comunicaron expedientes que representaban el 5% del número de anomalías, pero cuya cuantía suponía un 63% del importe total.

EL 62% DE LOS IMPUESTOS LOCALES

El 62% de los informes de la intervención de los ayuntamientos relativos a anomalías en materia de ingresos estuvieron relacionados con ingresos de naturaleza tributaria, procedentes de impuestos locales y tasas, elevándose su importe al 79% del total.

El 18% del total de las anomalías se refirieron a precios públicos e ingresos patrimoniales, que representaron un importe escasamente relevante de apenas el 5%.

El resto de anomalías tienen que ver con las subvenciones, las transferencias de otras Administraciones Públicas, la enajenación de inversiones reales, operaciones urbanísticas, multas y sanciones y contribuciones especiales, entre otros.

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