El Tribunal de Cuentas censura la contabilidad de Casa Mediterráneo en 2014 y 2015 y su «falta de planificación»

Dice que su modelo de financiación «no es apto» y que no cumple sus fines en favor de la «igualdad real» de hombres y mujeres

El Tribunal de Cuentas ha emitido un duro informe de fiscalización del consorcio público Casa del Mediterráneo en los años 2014 y 2015 en el que censura las cuentas publicadas, porque «no expresan la imagen fiel del patrimonio de la entidad» y, además, denuncia que éste «carece de planificación estratégica» que permita evaluar su interés público.

Además, denuncia que las actividades se hacen «sin planificación formal» en la que figuren detalles sobre su finalidad, sus condiciones o sobre otros organizadores, lo que «impide realizar una valoración objetiva del resultado de las actividades» y sobre si corresponden a sus fines.

La entidad, con sede en Alicante, ya fue objeto de un procedimiento del Tribunal de Cuenta por irregularidades en su primer año de actividad, en 2010.

En un comunicado, el Tribunal subraya que en los estatutos de la Casa figuran unos fines «de gran amplitud», y por tanto «ambigüedad», y que compiten con otras casas (Casa Árabe, Centro Sefarad-Israel y Casa África, principalmente). Por otro lado, opina que toda la red de casas tiene la «incidencia» de que sus fines entran en «concurrencia» con la gestión del Ministerio de Exteriores.

También ve ambiguo el sistema de financiación que, a su juicio, «no es apto» para «el funcionamiento normal de cualquier entidad, debido a las incertidumbres para la programación y ejecución de las actividades y de los gastos». Si no ha habido «consecuencias financieras», añade, ha sido por el recorte de los gastos.

El modelo, además, se ha incumplido porque desde 2012 solo han llegado «regularmente» las aportaciones del Estado, no las de la comunidad autónoma.

En las obras de rehabilitación de su sede, la Antigua estación de Benalúa –3,7 millones de euros, de los cuales 1,4 millones proceden de una subvención del Ministerio de Fomento–, el Tribunal sospecha que ha podido haber fraccionamiento de contratos, habilitación temporal de espacios sin las oportunas licencias municipales y ejecución de las obras mediante encomienda de gestión a TRAGSA, sin que conste acuerdo del Consejo Rector.

El órgano fiscalizador también censura que aunque entre los fines del consorcio se encuentra el desarrollo de programas específicos para el reconocimiento de la igualdad legal y real entre hombres y mujeres, solo hubo cuatro actividades en 2014 y una en 2015, de las que solo dos actividades fueron organizadas por el propio Consorcio, en su sede y con unos costes directos muy reducidos.

INCUMPLIMIENTOS EN EMPLEO

Además de deficiencias en torno a la ley de transparencia, también detecta incumplimientos en materia de empleo. La Casa tiene siete trabajadores –dos de ellos altos cargos– y en 2014 se acordaron tres bajas de personal, dos de ellos por motivos económicos, y se formalizaron dos altas, lo que supone incumplir la prohibición de contratar personal de los Presupuestos de 2012 y siguientes.

Por otra parte, los contratos de la directora general y de la secretaria general se formalizaron en 2012 y 2013, con un retraso de 6 y de 9 meses, respectivamente, de manea que estuvieron percibiendo retribuciones y gestionando fondos públicos del Consorcio sin respaldo contractual.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda «establecer con claridad y cumplir los compromisos de las Administraciones consorciadas respecto a la financiación y gastos» y una «rigurosa acomodación de gastos e ingresos», «establecer una programación de actividades eficaz y adecuada a las posibilidades», de acuerdo con unos fines y un contenido establecidos.

Aconseja, además, subsanar las deficiencias contables y «adoptar una actitud más diligente con la situación de las mujeres en el ámbito de los países de la región euro-mediterránea, que se manifieste en un incremento de la planificación de actividades» en este ámbito.