El TJUE dictará sentencia el 31 enero sobre el alcance de las euroórdenes de Llarena contra Puigdemont y exconsellers

BRUSELAS, 15

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará el próximo 31 de enero sentencia sobre las cuestiones prejudiciales remitidas por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers por su implicación en el Procés , han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El pasado julio, el abogado general responsable del dictamen sobre el caso dio la razón a Llarena al considerar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de Puigdemont y demás reclamados por Llarena basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes.

La opinión de la Abogacía General no es vinculante para el TJUE pero en la gran mayoría de los casos las sentencias dictadas por la Justicia europea siguen la línea marcada por estos dictámenes.

Llarena dirigió la cuestión prejudicial al Tribunal con sede en Luxemburgo en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconseller Lluis Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que de ser entregado a España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El Abogado europeo Jean Richard de la Tour recordó en su dictamen de julio el «principio de confianza mutua» entre los Estados miembro que prima en materia judicial y lo defendió como un elemento «de importancia capital» que debe aplicarse plenamente para proteger el espacio sin fronteras dentro de la UE y simplificar la cooperación judicial para «luchar contra la impunidad».

Por ello, añadió en sus conclusiones, pretender que la autoridad judicial de ejecución compruebe en profundidad la existencia de un riesgo para los derechos fundamentales del reclamado sin que existan «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial desde el que se dicta la euroorden «no sería sino la expresión de una desconfianza (*) contraria» de las reglas de la UE sobre euroórdenes.

También adviertió de que para denegar una euroorden por riesgo para los derechos fundamentales del reclamado, la autoridad judicial debe demostrar con «datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, la existencia de un riesgo real» debido a deficiencias «sistémicas o generalizadas» en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor.

Cabe recordar que durante la vista celebrada en Luxemburgo sobre este asunto, la Comisión Europea, en tanto que guardiana de los Tratados, certificó que no existe un problema sistémico para el Estado de derecho en España.

FAVORABLE A UNA NUEVA EUROORDEN CONTRA PUIG

Con esta cuestión prejudicial, Llarena quiere aclarar el alcance de las euroórodenes antes de que la Justicia belga se pronuncie sobre los expedientes de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, procesados también en la causa independentista y residentes ahora en Bélgica.

Además de la prejudicial, la Justicia europea debe resolver otro recurso sobre la inmunidad como eurodiputados de Puigdemont, Comín y Ponsatí antes de que los Tribunales belgas reactiven sus casos.

El magistrado del Supremo preguntó además al TJUE si podría cursar una nueva euroorden contra Puig si la conclusión de la Justicia europea resulta que Bélgica incumplió las normas de la UE y la opinión del abogado general es favorable.

El objetivo de «luchar contra la impunidad» aboga en favor de que se emitan contra la misma persona varias euroórdenes dirigidas a la misma autoridad judicial cuando ésta haya denegado la anterior «contraviniendo el Derecho de la Unión», razonó el abogado, que advirtió de que limitar tal recurso podría «debilitar» los esfuerzos para sancionar las infracciones dentro de la UE y pondría en entredicho la efectividad del sistema de cooperación judicial.