El TC estudiará la constitucionalidad de la ley catalana que limita el precio de los alquileres
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso contra la Ley instada el pasado mes de septiembre por JxCat, ERC, los comuns y la CUP en el Parlament de Cataluña que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano. La normativa fue recurrida por el PP, que considera que estos artículos son inconstitucionales porque Cataluña no tiene competencias para regular el arrendamiento en dichos términos.
Después de su tramitación por lectura única en julio, Cs y el PP pidieron un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que concluyó que varios artículos de la ley son inconstitucionales porque Cataluña no tiene competencias para regular el alquiler. El tribunal de garantías tiene pendiente resolver otros recursos que el PP también interpuso contra decretos anteriores del Govern que regulaban el mercado del alquiler en el mismo sentido, para impedir los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad.
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, anunció ya durante durante el debate de esta ley en el Parlamet que su partido recurrirá la norma al TC y está por ver si también lo hará el Gobierno central, lo que provocaría la suspensión inmediata a la espera de que el Constitucional emitiera una sentencia.
La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como «mercado de vivienda tenso», en el que se incluyen los municipios que cumplan alguno de los tres requisitos previstos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.
En estas zonas con mercado tenso, los contratos de alquiler no pueden superar, según esta norma, el precio del último contrato ni la media del precio de los alquileres de la misma zona, mientras que las viviendas de obra nueva quedan excluidas de la normativa para incentivar la construcción de vivienda social.
