El TC decidirá el 6 de mayo si admite recursos contra el decreto andaluz que cambia 27 normas y de presos del procés
En el orden del día se incluye también el recurso de VOX contra la designación de Pablo Iglesias en la comisión que controla al CNI
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha convocado para el próximo 6 de mayo un pleno no presencial –que sería la primera vez en su historia– para estudiar si admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el decreto de la Junta de Andalucía que modifica 27 leyes y decretos, así como los recursos planteados por los líderes independentistas condenados por sedición en la causa del procés en Cataluña.
Según ha informado el tribunal de garantías en un comunicado, el pleno se desarrollará «mediante procedimiento sustancialmente escrito», tal y como se ha observado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En el orden del día se han incluido ocho asuntos a abordar sobre los que se deberá decidir si se admiten a trámite o no los recursos planteados. Así, tras analizar los estudios oportunos y la presentación de los informes correspondientes por parte del personal al servicio del Tribunal, se tomará tal decisión al respecto del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo contra el decreto ley de la Junta de Andalucía que simplifica la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos.
COLISIÓN DEL DECRETO ANDALUZ CON NORMAS ESTATALES
Según explicó la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, el pasado 21 de abril en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ese día, el Gobierno ha recurrido varios artículos del mencionado decreto al entender que colisionan con otras normas de carácter estatal.
De momento, según el orden día hecho público, el tribunal de garantías tiene previsto estudiar el recurso contra el artículo 13 del decreto andaluz, que da nueva redacción al artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, eximiendo de autorización previa y comunicación a la consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.
Asimismo, el TC tiene también previsto decidir si comenzar a estudiar o no los recursos de amparo de los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn; de la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; y del expresidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista, que les condenó a prisión por el delito de sedición.
RECURSOS DE VOX Y SANCIONES ECONÓMICAS DE LA LOREG
Por otro lado, también estarán encima de la mesa dos recursos de Vox, uno de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del grupo parlamentario en el Congreso contra la decisión del Gobierno de incluir al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El partido de Santiago Abascal considera una «burla inaceptable» que el Gobierno aprovechara el Real decreto-ley aprobado el pasado 17 de marzo para fijar medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, para meter tal decisión en su disposición final segunda.
Esta formación política también presentó un recurso de amparo contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de marzo de 2020, por el que se paralizó los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.
Asimismo, el tribunal de garantías también tiene previsto valorar si estudia la cuestión de inconstitucionalidad de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sobre las sanciones económicas a imponer por infracción de las normas establecidas en dicha ley que no constituyan delito, que regula el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
También la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra varios apartados del artículo 12 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de Relaciones Familiares del país Vasco, sobre la atribución del uso de la vivienda y del ajuar doméstico.
MEDIDAS DEL TC ANTE LA PANDEMIA
Según recuerda el comunicado, desde el inicio de la crisis sanitaria, el Tribunal Constitucional, no sólo adoptó medidas necesarias para la suspensión de los plazos procesales y administrativos, con el fin de evitar la indefensión de los ciudadanos en el acceso a este órgano constitucional, sino que también ha continuado examinando los recursos promovidos.
Para ello, explica el tribunal de garantías, se han seguido las indicaciones de las medidas adoptadas por el Gobierno, las autoridades sanitarias, y en coherencia con la política europea, en especial con el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además, para minimizar el riesgo de contagio, también se ha propiciado la reducción de la presencia física de los profesionales que integran la institución mediante el teletrabajo, para minimizar los posibles riesgos de contagio. En este sentido, el TC destaca que se han elaborado durante este periodo y hasta este lunes 1.523 informes de asuntos jurisdiccionales, los cuales están siendo estudiados por los magistrados.
Por último, el TC destaca que ha recibido numerosas muestras de solidaridad por la situación que sufre España como consecuencia de la pandemia del coronavirus, entre ellas, del presidente y el vicepresidente de Tribunal Constitucional de Alemania, así como del presidente del mismo tribunal de la República Dominicana.
