El Supremo archiva la causa del caso Reparos contra Fernando Clavijo (CC)

La Sala de lo Penal reconoce «irregularidades» al levantar casi un centenar de reparos pero descarta un delito de prevaricación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado el archivo de la causa contra el senador de Coalición Canaria (CC) y candidato a la Presidencia, Fernando Clavijo, al considerar que no existen indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con los decretos que dictó, desde 2011 hasta 2014, siendo alcalde de La Laguna (Tenerife) para levantar los reparos de la Intervención General.

Tras analizar la exposición razonada enviada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, en la que precisaba los indicios hallados en la investigación contra Clavijo –actualmente aforado–, el tribunal concluye que los hechos recogidos no revisten apariencia de delito por entender que las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), «aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias».

La Sala señala que no parece que pueda discutirse que la actuación reiterada de la corporación con mecanismos que fuerzan el funcionamiento normal de la contratación pública, «no se ajustan fielmente a la legalidad, por más que, decreto a decreto, y con el apoyo del dictamen de un experto administrativisto del mundo académico que no puede desdeñarse, la defensa intente salvar mediante interpretaciones, más asumibles unas que otras, la corrección jurídica y el respaldo en la legalidad de cada decisión, un respaldo que también se preocupaban de consignar los correspondientes servicios gestores al rechazar el reparo».

En su auto, de 15 páginas y hecho público este miércoles, el Supremo explica que no hay duda de la condición de autoridad del aforado que dictó los decretos ni tampoco de la naturaleza de los decretos, que eran genuinas resoluciones administrativas, pero concluye que no pueden ser tachadas de arbitrarias.

De acuerdo con su jurisprudencia, recuerda que el delito de prevaricación no nace con cualquier resolución administrativa contraria a la legalidad o que se aparte de ella, sino que «se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia».

La Sala añade también que «no parece que sea esa característica predicable» de las resoluciones que se analizan.

«Pueden ser irregulares, pero no groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales de una corporación y con desdén o indiferencia frente a la legalidad. No se entendería en ese caso que una conducta tan reiterada, tan hecha a la luz sin disimulo, ni ocultamiento alguno, no hubiese sido denunciada hasta varios años después, pese a la obligación que rige sobre cualquier funcionario de denunciar delitos públicos», subraya la Sala.

UNA SUMA DE IRREGULARIDADES NO ES UNA ILEGALIDAD

Asimismo, indica que el carácter prevaricador, como algo de intensidad superior a la mera irregularidad o ilegalidad, «no se obtiene a base de sumar muchas irregularidades, la suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricación lo que aisladamente considerado no es más que una irregularidad».

Según la Sala, «no es un problema cuantitativo, sino cualitativo, una decisión totalmente apartada del ordenamiento es prevaricación, una resolución, defendible de alguna forma y no arbitraria en el sentido de adoptada con cierta base y finalidades reconocibles y legítimas, aunque incurra en alguna irregularidad, mayor o menor o pueda ser tildada de no acorde con la legalidad, no es prevaricación».

Para la Sala, la suma de muchas resoluciones de este tipo no las transforma en prevaricación.

Esto es diferente, precisa, de que una resolución pueda ser tachada de prevaricadora «por acumular en ella misma múltiples irregularidades que la convierten en groseramente apartada de la legalidad».

Según los magistrados, «lo mismo que muchas infracciones administrativas no conforman un delito, la acumulación de resoluciones administrativas no ajustadas a la estricta legalidad pero no prevaricadoras no pueden colmar las exigencias típicas del artículo 404, por elevado que sea su número».