El SUP pide a Marlaska y Protección de Datos una regulación eficiente para las cámaras de uso policial
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado una carta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y al Defensor del Pueblo, además de al Ministerio del Interior, expresando su preocupación por la regulación actual de los Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) y pidiendo reformar y armonizar las leyes que los regulan garantizando la seguridad jurídica de los policías.
Según ha expuesto en la misiva el SUP, la actual ley que regula el uso de las videocámaras dificulta la adhesión de los DGU de forma permanente «dada las trabas legales que ambas leyes someten a los agentes por toda una cadena burocrática de autorización y limitaciones que impide su uso efectivo en la labor diaria de los Policías sin que puedan ser sancionados por su utilización».
Asimismo, han solicitado un refuerzo presupuestario en esta materia con el objeto de que se proceda mediante licitación a la adquisición de estas cámaras corporales DGU para que los agentes utilicen este material de dotación que actúe como notario de sus actuaciones y les evite situaciones incómodas fruto de «denuncias malintencionadas».
En este sentido, el sindicato ha recalcado que «ningún ciudadano debería dudar de la actuación policial, pero los avances tecnológicos ofrecen una solución infalibre que garantiza una mayor seguridad jurídica para ambos, evitando de esta manera campañas de desprestigio».
MARCO NORMATIVO QUE ELIMINE BUROCRACIA
Por todo ello, el SUP ha insistido en que es necesario habilitar un marco normativo que elimine la cadena burocrática de autorizaciones por las que tienen que pasar y que se armonice con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya permite la captación de imágenes a los agentes de la Policía Judicial.
En definitiva, el SUP propone una reformulación de la normativa actual, eliminando trabas burocráticas y estableciendo un protocolo claro para el uso de los DGU en cualquier tipo de intervención policial sin limitaciones, como, por ejemplo, las que obligan a que exista «un peligro concreto», así como también eliminar la obligación de que sea el Delegado del Gobierno o el responsable operativo de las FCSE quien autorice el uso de las grabaciones móviles.
