El Síndic de Greuges investiga la gestión de la Rentra Garantizada (RGC) ante «posibles incompatibilidades»
BARCELONA, 18
El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para valorar cómo la administración gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ante incoherencias y «posibles incompatibilidades» con ayudas de obligada solicitud que puedan encontrarse los beneficiarios.
«Se podrían producir algunas casuísticas incoherentes con el principio y la finalidad de la prestación», porque la Ley de la RGC obliga a pedir ayudas a las que se tenga derecho, como la del alquiler, pero después las tiene en cuenta para calcular el umbral económico, ha explicado Ribó en un comunicado este miércoles.
En concreto, ha pedido información sobre qué medidas se adoptarán para cumplir las previsiones legales relacionadas con esta prestación en lo relativo a los requisitos y las incompatibilidades con otras ayudas, como la del alquiler, a la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat y a la de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.
La ley establece que los beneficiarios tienen el deber de solicitar cualquier otra ayuda a la que puedan tener derecho mientras perciben la RGC y mantener alguna que recibían, y el incumplimiento de estas obligaciones puede causar la extinción o la suspensión de la prestación, pero a la vez, algunas de estas ayudas computan en el umbral de ingresos necesario para solicitar la RGC.
Por ello, el síndic ha avanzado que se podrían producir «casuísticas incoherentes» en casos como el de que algunos perceptores de la RGC la puedan perder por no haber solicitado una ayuda para el alquiler, y también se podría dar el caso de que, al obtener posteriormente esta ayuda al alquiler, los beneficiarios tengan que retornar una cuantía en concepto de ingresos indebidos.
El artículo 4 de la Ley de la RGC establece que esta prestación tiene carácter complementario y subsidiario y fija los ingresos que no computan para determinar el umbral económico, entre las que hay las prestaciones de urgencia para evitar desahucios, pero no las ayudas para pagar el alquiler en casos que no suponen emergencia.
