El Senado votará este miércoles los objetivos de déficit, que decaerán por el rechazo del PP

Montero avisa de que, ante la negativa del PP, entrarán en vigor objetivos de déficit «más perjudiciales» para CCAA y ayuntamientos

El Senado debatirá y votará en el Pleno de este miércoles los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas, que decaerán por el rechazo del Partido Popular, que ostenta mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El PP ya ha avanzado que hará valer de su mayoría en el Senado para votar en contra de la aprobación definitiva de los objetivos de estabilidad presupuestarias, que ya fueron validados por el Congreso de los Diputados y que suponen el primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

El Partido Popular condicionó su voto en la Cámara Alta a una serie de exigencias, que pasan por rebajar impuestos, compartir los objetivos fiscales con las comunidades autónomas, respetar su autonomía fiscal e impulsar un fondo de políticas sociales para estas administraciones.

Pero desde el Ejecutivo no se ha dado respuesta a estos reclamos y ya asumen el voto en contra del PP, culpándoles de que, por su rechazo, entrarán en vigor unos objetivos de déficit «más perjudiciales» para comunidades y ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por su formación.

Pero desde el PP han argumentado su voto en contra a los objetivos de estabilidad que se debatirán este miércoles en el Senado porque consideran que «hacen a los españoles más pobres y más desiguales». Además, los populares han defendido que el voto en el Senado demuestra la coordinación y el compartir un proyecto común dentro del partido, ya que tanto las comunidades autónomas del PP –en el Consejo de Política Fiscal y Financiera– como el grupo en el Congreso votó en contra de estos objetivos.

EL GOBIERNO VOLVERÁ A APROBAR LA MISMA SENDA

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

De no aprobarse los objetivos hasta en dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos.

«Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no y entrarán en vigor los objetivos del mes de abril, que serán más perjudiciales para las comunidades y ayuntamientos porque así lo ha querido el PP», ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

UN DÉFICIT DEL 3% CON LAS NUEVAS REGLAS FISCALES

La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas.

Para ello, ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

SI SE RECHAZAN HABRÁ OBJETIVOS MÁS EXIGENTES

Pero si estos objetivos de estabilidad fueran rechazados dos veces en la Cámara Alta y entrasen en vigor los fijados en abril, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2%, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

En caso de que las Cortes Generales aprueben definitivamente los objetivos planteados por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad de abril –más restrictivos– esa reunión no se produciría.