El Senado reconoce la «muy baja» competitividad de Baleares y Canarias y pide que las leyes tengan una óptica insular

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado ha aprobado este miércoles un informe que, entre otras cosas, reconoce que Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla son territorios que presentan una competitividad «baja o muy baja», al tiempo que recomienda al Gobierno que los proyectos de ley cuenten con la óptica de la insularidad.

El informe ha sido aprobado por los votos a favor de todos los partidos, menos Vox, que ha votado en contra, y el PP, que se ha abstenido. Resulta de una ponencia que se ha extendido durante más de dos años en la Cámara Alta y ha contado con la comparecencia de 64 ponentes, consiguiendo reunir a cuatro presidentes autonómicos y a los de los cabildos. Su objetivo es analizar las «problemáticas» que acontecen y afectan a ciudadanos de los territorios insulares españoles y a Ceuta y Melilla, por su condición de territorios extrapeninsulares.

Así, sus conclusiones –que se estructuran en los bloques institucional; económico y transformación digital; transportes, emergencia climática y medio ambiente; y políticas sociales y diversidad– constatan estas dificultades, que afectan efectivamente a la calidad o nivel de vida de los ciudadanos de estos territorios y determinan una pérdida de competitividad respecto a los peninsulares o continentales.

Con el foco puesto en la competitividad, un estudio presentado por la Fundación Impulsa Baleares en el marco de la ponencia mostró que, en el ámbito de la Unión Europea (UE), estos cuatro territorios tienen una «baja o muy baja» competitividad. De las 233 regiones europeas, las Islas Baleares se sitúan en la posición 143, Canarias en la 153, Ceuta en la 216 y Melilla en la 213.

De igual manera se desprende que los niveles de renta en las regiones estudiadas son inferiores a la media europea. No sólo eso, sino que han disminuido en los últimos 20 años, de tal manera que se ha producido una variación negativa de en torno a 20 puntos porcentuales.

El informe subraya que los datos son «importantes» porque la falta de competitividad o la dificultad de ser competitivos en las mismas condiciones de los territorios no peninsulares ha sido «una de las constantes» a lo largo de las comparecencias que han conformado la columna vertebral del trabajo.

Además, la pérdida de renta de los ciudadanos denota y demuestra el impacto negativo que el hecho insular o extrapeninsular tiene en los residentes. Este impacto se amplía pese a las medidas adoptadas por el Estado a lo largo de los años para tratar de compensarlos.

NO SÓLO «MERAS» MEDIDAS COMPENSATORIAS

El texto reclama que la corrección de los desequilibrios que la insularidad y la situación extrapeninsular de Ceuta y Melilla provocan se aborden no sólo con medidas compensatorias –se han adoptado sobre todo en los terrenos económico y fiscal–, sino también con medidas dirigidas a la corrección de las desventajas reales de estos territorios.

El trabajo habla concretamente de «meras» compensaciones económicas o medidas de carácter fiscal y señala la existencia de otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta porque afectan al desarrollo económico y social de estas zonas y que tienen efecto en los derechos de los ciudadanos, que ven su desarrollo personal y colectivo «limitado» por las «desiguales posibilidades» que tienen. En esta línea, considera «clave» la actuación del Estado a la hora de compensar esta desigualdad.

El informe destaca los aspectos referidos al transporte y la conexión de los territorios entre los que se han abordado durante las ponencias, además de la fragilidad desde el ámbito medioambiental por el espacio limitado de las islas. La situación fronteriza de todos ellos también se puede destacar: Canarias e Islas Baleares por se fronteras marítimas y en Ceuta y Melilla, donde representa una especificidad clave para atender las demandas de estos territorios.

Se mencionan también aspectos de carácter sociolaboral o educativo que limitan las oportunidades y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de los archipiélagos y de las ciudades autónomas, así como de las empresas ya establecidas y sus posibilidades de desarrollo.

Al mismo tiempo, el trabajo destaca que el hecho insular y extrapeninsular también constituyen un «valor en positivo», un «valor estratégico» que «alberga cualidades y potencialidades que explotar.

Por último, distintos ponentes han destacado el hecho de que haya sido el Senado la cámara que haya creado la ponencia, dado que por su condición de institución de representación territorial es la más adecuada para garantizar el mandato constitucional de velar por el equilibrio entre territorios. Consideran también que la ponencia no debería limitarse y han expresado su deseo de que se convierta en una comisión.

BALEARES

En el caso concreto de Baleares, la ponencia recuerda el compromiso de que la isla de Formentera cuente con un senador propio, ya que la situación actual constituye una anormalidad en la representación de las islas consagrada en la Constitución.

Entre otras cosas, pide tomar medidas que garanticen la sostenibilidad del modelo turístico, que además está muy vinculado con la preservación del medio ambiente, y actuar para impulsar las infraestructuras y la transformación digital del propio sector.

CANARIAS

La ponencia también aborda el sector turístico en Canarias y reclama inversiones en infraestructuras que sean sostenibles y generen empleo. Pide asimismo diversificar la economía de las islas, la necesidad de revitalizar las zonas rurales y luchar contra lso efectos y sobrecostes de la doble insularidad.

Reclama también medidas de apoyo a la distribución de productos locales canarios a través de canales de comercio electrónico, la creación de un Instituto Europeo de Territorios Desvarecidos o la exclusión total de las islas del mercado de derechos de emisiones tanto para el tráfico aéreo y marítimo.

CEUTA Y MELILLA

El informe plantea la necesidad de abordar un plan para la reconversión económica de ambas para crear un modelo más sólido y estable, con mayor capcaidad para generar empleos y oportunidades, además de medidas que permitan atraer capitales e inversiones para favorecer su desarrollo.

Ceuta también ha solicitado una conexión submarina por cable para garantizar energía eléctrica a la ciudad, mientras que Melilla alude a la necesidad de ampliar el puerto y estudiar la posibilidad de una línea marítima que una la ciudad autónoma con puertos argelinos.