Nadal vaticina una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y públicas por la sentencia sobre Castor

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha vaticinado una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en duda la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió el cierre del almacén de gas Castor.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre.

«Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», dijo Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Este mismo miércoles se conoció que ha paralizado estos pagos, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, que ascienden a 6,7 millones de euros mensuales.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales y se incluían en el sistema gasista.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.