El Senado pide al Gobierno a propuesta del PP que publique el calendario para la reapertura de la aduana de Melilla

El Senado ha aprobado este miércoles, con el único rechazo del PSOE, una moción resultado de interpelación presentada por el PP por la que se insta al Gobierno a que dé a conocer el calendario acordado con Marruecos para la reapertura de la aduana de Melilla.

El texto presentado por el PP ha salido adelante con 132 votos a favor (PP, UPN, Vox, dos senadores anteriormente de Ciudadanos, Ciudadanos, Junts, Coalición Canaria, Izquierda Confederal y PNV), 113 en contra (los del PSOE) y 12 abstenciones (PRC, PAR, Teruel Existe, ERC y Bildu).

En él, se insta al Gobierno a «hacer público el calendario y las condiciones de la reapertura de la aduana comercial de España con Marruecos sita en Melilla», después que desde el Ejecutivo se haya señalado que hay un calendario pactado con el país vecino pero no se quiere desvelar por motivos de seguridad.

Asimismo, se solicita que se proceda a su «reapertura inmediata», después de que el propio Gobierno hubiera dicho que esta se produciría en enero de este año, antes de la celebración de la Reunión de Alto Nivel que tuvo lugar finalmente el 1 y 2 de febrero.

Cabe recordar que Marruecos cerró unilateralmente la aduana de Melilla en 2018. En virtud de la declaración conjunta tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI del 7 de abril se acordó la reapertura de la aduana de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta, donde hasta ahora no existía.

El pasado 27 de enero se llevó a cabo una primera prueba piloto de expedición comercial en ambas aduanas –en el caso de Ceuta se ha instalado una caseta prefabricada– y el 24 de febrero se realizó una segunda, tras haber subsanado algunos de los problemas detectados en la primera. El Ministerio de Exteriores dijo entonces que con ello se avanzaba en la «hoja de ruta hacia la plena normalización» en las aduanas.

Durante el debate, que tuvo lugar a última hora del martes, Sofía Acedo, senadora del PP por Melilla, había defendido que el Gobierno no puede hablar de un restablecimiento de la relación con Marruecos «cuando no se han recuperado todos los tránsitos comerciales» entre los dos países.

EL RÉGIMEN DE VIAJEROS NO SE PERMITE

La senadora del PP denunció que la aduana de Melilla sigue cerrada y no se ha abierto la nueva de Ceuta y que «el régimen aduanero de viajeros de Melilla y Ceuta hacia Marruecos no se permite, pero sí en sentido contrario», así como que tampoco se permite ninguna «operación comercial empresarial hacia el país vecino» desde las dos ciudades autónomas.

En este sentido, uno de los puntos de la moción del PP pide expresamente al Gobierno que permita «el régimen de viajeros, aceptado internacionalmente entre España y Marruecos, a través de los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla en ambos sentidos, no sólo de Marruecos hacia Melilla y Ceuta como está sucediendo actualmente».

Por su parte, desde el PSOE, Rafael Lemus echó en cara al PP que con su moción lo que buscaba era «caldear el ambiente» en uno de los momentos de «más distensión en la fronteras» de Ceuta y Melilla y defendió que el calendario pactado con Marruecos «va a permitir crear una zona de prosperidad compartida a través de un flujo legal y controlado de bienes a ambos lados de la frontera».

Asimismo, en el turno de posicionamiento, la senadora socialista María Montserrat Muro afeó al PP el que hubiera dejado fuera de su moción a Ceuta, ciudad que precisamente gobiernan salvo que haya sido su presidente, Juan Jesús Vivas, quien «les pida que le dejen al margen de esta guerra para que él pueda seguir trabajando de manera leal con un Gobierno cuyas decisiones están siendo positivas para Ceuta».

Por último, la moción pide al Gobierno que desarrolle el real decreto de 2017 «de bonificación al transporte de mercancías para impulsar el tránsito de estas hacia Ceuta y Melilla, dado que actualmente sólo tiene como vía de acceso la peninsular», así como que derogue de manera inmediata la disposición que prevé la eliminación de la bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social en ambas ciudades autónomas prevista a partir del 1 de septiembre.