El Senado ha rechazado desde 2012 docenas de enmiendas por no tener que ver con la ley a la que iban dirigidas
El Senado ha rechazado desde el año 2012 la tramitación de docenas de enmiendas presentadas por casi todos los grupos parlamentarios por considerar que no tenían que ver con la ley que iban a modificar, por no tener «conexión» con ella.
El Senado introdujo este criterio de coherencia de las enmiendas a raíz de una sentencia del año 2011 del Tribunal Constitucional que lo estableció así. El PP había pretendido modificar el Código Penal a través de enmiendas a la Ley de Arbitraje, lo que fue recurrido entre otros por el PSOE. Argumentaban estos senadores que el PP iba a imponer con su mayoría absoluta una reforma penal que ellos no iban a poder debatir en pie de igualdad, por ser una enmienda y no un proyecto de ley, lo que entendían que era una «evidente restricción» de su derecho democrático a ejercer la oposición. El TC les dio la razón.
Este asunto ha vuelto al debate parlamentario por la enmienda presentada en el Congreso por el PSOE en una ley sobre violencia machista para modificar sin embargo la ley de estabilidad presupuestaria y eliminar la capacidad de veto del Senado al techo de gasto.
Al margen de lo que ocurra en el Congreso con este asunto, cabe señalar que el Senado analiza la congruencia de las enmiendas desde aquella sentencia de 2011 de forma mecánica. Los letrados de la Cámara estudian si existe o no conexión entre enmiendas y la ley afectada y envían su criterio al presidente del Senado, que es el que dicta la admisión o no. El presidente trabaja en estos casos por delegación de la Mesa.
Desde 2012, según los datos recogidos en el Senado por Europa Press, la presidencia del Senado ha acordado rechazar docenas de enmiendas por «carecer de manera evidente y manifiesta de conexión» con la ley. Habían sido presentadas por casi todos los grupos parlamentarios, aunque una mínima parte corresponden al Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado.
Las normas que aprueba el Senado con emiendas tienen que volver al Congreso, que puede deshacer esos cambios. Pero tradicionalmente se ha aprovechado el trámite en esta Cámara Alta para introducir cambios porque el debate allí suele tener menos repercusión que en el Congreso y se produce además al final del proceso legislativo, lo que acorta la polémica.
