El Senado debate mañana la ampliación a 12 meses del plazo tope para las instrucciones penales antes de su aprobación

El Pleno del Senado debatirá mañana la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para ampliar a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales. La votación del nuevo texto tendrá lugar un día después y se prevé que salga adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y Vox.

La Comisión de Justicia de la Cámara Alta acordó el pasado jueves enviar al Pleno la proposición de ley remitida por el Congreso de los Diputados donde la mayoría de los partidos aprobaron cambiar la redacción que el PP le dio a este precepto en 2015, cuando tenía la mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias, estableciendo entonces la fecha tope de las investigaciones penales en seis meses con carácter general o en 18 si la causa se declaraba compleja.

De salir aprobada la iniciativa –la primera en esta legislatura– el límite temporal pasará a estar en 12 meses y no necesitará la petición de la Fiscalía o de las partes para que la causa se declare compleja y su investigación pueda ser prorrogada. Será el magistrado instructor el que podrá «acordar de oficio o a instancia de parte», y una vez «oídas las partes» las «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».

La proposición de ley parte de Unidas Podemos que impulsó la derogación de dicho artículo –una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales–, si bien finalmente la mayoría de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja acordaron sacar adelante una enmienda transaccional para alargar los tiempos de instrucción.

EL PP ASEGURA QUE CON LA REFORMA LE ESTÁN DANDO LA RAZÓN

El PP critica el resultado de este acuerdo, pues, a su juicio, en vez de mantener la intención inicial de eliminar el artículo, el PSOE, la formación morada y el resto de partidos están demostrando que dan la razón a los populares sobre la necesidad de establecer límites temporales a la investigación de los casos.

De hecho, ha presentado una propuesta de veto, que llevará también al Pleno de la Cámara Alta, pese a que ya ha sido rechazada por la Comisión de Justicia, al considerar que la reforma tiene «falta de oportunidad, falta de técnica jurídica y una motivación política».

Los populares aseguran que la modificación del artículo se ha hecho de manera «precipitada», pues no entienden la urgencia con la que se ha tramitado y sobre todo cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado una reforma de la LECrim, cuyo anteproyecto se pretende llevar al Consejo de Ministros antes de que finalice el año.

EVITAR LA «IMPUNIDAD»

No obstante, el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el resto de grupos parlamentarios defienden la reforma insistiendo en que el objetivo es evitar la «impunidad» que se ha generado con los plazos fijados por el PP.

En este sentido, aseguran que con ello los populares buscaban el «cierre en falso» de los diversos casos de corrupción en los que se han visto implicados dirigentes del partido, como Gürtel, Púnica o Lezo, que se investigan, y algunas piezas ya han sido juzgadas, en la Audiencia Nacional, como otros tantos en otros tribunales.

Por su parte, Vox también cree que los plazos vigentes «abren la puerta a la impunidad», por lo que apuesta por eliminar cualquier fecha tope y que sea el juez instructor el que decida cuando es oportuno concluir la investigación de cada causa. En su opinión, conviene a los partidos que han apoyado mantenerlos para «proteger casos de corrupción».

La reforma del artículo 324 de la LECrim se llevará a cabo en el tercer intento, desde que en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobara su tramitación, con el voto en contra de los populares . En aquella ocasión, la iniciativa no llegó a despegar por las más de 60 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas que impusieron el PP y Ciudadanos antes de que cayera la legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy.

La segunda vez fue en septiembre de 2019 pero la disolución con motivo del adelanto electoral condenó de nuevo la tramitación de esta proposición. En febrero de este año, la Cámara Baja aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos que ahora ha conseguido llegar hasta el Senado.