El seguro critica las restricciones «desproporcionadas» al cobro de incentivos que plantea Bruselas
El sector asegurador español ha emitido este lunes un comunicado en el que presenta una posición común ante las modificaciones que plantea la Comisión Europa a la Directiva de distribución de seguros y al Reglamento sobre productos minoristas de inversión basados en seguros, aglutinadas dentro de la llamada Estrategia de inversión minorista , presentada antes del verano, y avisa de los efectos «indeseados» de algunas medidas.
El posicionamiento lo firman la patronal de las aseguradoras (Unespa), el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros (CGMS), la asociación de corredurías de seguros (Adecose) y la asociación de mediación de bancaseguros (Amaef).
«La industria del seguro comparte el objetivo principal de la estrategia, orientada a aumentar la participación y la confianza de los consumidores en los mercados financieros», han indicado las asociaciones empresariales. En este sentido, han valorado positivamente medidas como reconocer el formato digital como la opción por defecto para suministrar información, que los Estados deban fomentar la educación financiera, o el esfuerzo por aumentar la transparencia.
No obstante, las cuatro organizaciones han criticado que algunas propuestas «imponen requisitos adicionales» que «podrían dar lugar a efectos no deseados».
Por un lado, consideran que la reforma incluye restricciones «desproporcionadas» al cobro de incentivos y defienden que se pueda seguir cobrando una retribución vía incentivos. Asimismo, han criticado que la reforma requiera que para justificar la actuación en el mejor interés del cliente, el foco esté puesto en los costes. Esto llevaría priorizar el producto más barato por encima de otros que puedan aportar más valor.
Respecto al precio y valor, las organizaciones también han criticado que para garantizar el equilibrio calidad-precio se vayan a crear índices de referencia sobre costes y rentabilidades. Para aseguradoras, mediadores y corredurías, esto supondrá en la práctica un límite máximo a los precios, lo que «constituye una restricción a la libertad de establecimiento de precios de los operadores económicos».
«A medio plazo, este tipo de indicadores pueden provocar una reducción de la oferta de productos, penalizando cualquier iniciativa de innovación de las entidades y empujando a una estandarización hacia productos menos costosos, pero sin apenas diferenciación alguna ni adaptación a las necesidades reales de los clientes, quienes verían restringida su capacidad de elección», han afirmado.
En lo que se refiere a la distribución, el sector ha valorado positivamente el objetivo de mejroar la transparencia, pero considera que la propuiesta de aumentar los requisitos de los test de conveniencia y del test de idoneidad puede generar una cantidad de información que sea «abrumadora» para los clientes.
Además, el sector asegurador considera que los plazos de transposición de la directiva, de aplicación del reglamento y preparación de actos delegados deberían ser «sustancialmente más amplios».
