El sector VTC recurre a Bruselas para denunciar a España por dificultar su actividad
Las principales asociaciones de vehículos con conductor (VTC) de España, Unauto y Feneval, han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando un procedimiento de infracción contra España, al considerar que tanto el Gobierno central como los autonómicos están infringiendo el principio de libertad de establecimiento de su actividad.
Las patronales de las empresas de VTC arremeten primero contra el decreto que aprobó el exministro de Transportes José Luis Ábalos para que este tipo de vehículos no puedan prestar servicio en los núcleos urbanos, a no ser que cada comunidad cree autorizaciones para que sí lo puedan hacer.
Por el momento, la única que lo ha hecho ha sido la Comunidad de Madrid, donde los taxistas ya se han movilizado para revertir esta situación. Por su parte, en Cataluña también se ha aprobado una norma, pero en este caso para limitar el uso del VTC. El resto de comunidades todavía no lo ha regulado, aunque en Murcia el Gobierno regional también ha dado su apoyo al taxi.
Las trabas en Cataluña a los VTC pasan por los 15 minutos de espera antes del comienzo del servicio, la prohibición de sistemas de geolocalización o la prohibición de estacionar en la vía pública, el haber prestado más de 100 servicios en el último año o la introducción de un límite al tamaño de los vehículos, que dejaría fuera al 90% de las flotas actuales, según Unauto y Feneval.
La misiva argumenta que estas regulaciones contradicen las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de regulación del sector del taxi y VTC, así como a la competencia y a los principios de buena regulación económica de los mercados según la Autoridad Catalana de Competencia.
