El sector eólico alerta sobre el ritmo insuficiente de instalación para cumplir los objetivos del Pniec 2030

La AEE denuncia que el sector sigue soportando una carga fiscal «importante», concretamente de unos 578 millones

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha alertado sobre el ritmo insuficiente de instalación de nueva potencia eólica para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para 2030.

Ésta ha sido una de las principales conclusiones del estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España en 2023, elaborado en colaboración con Deloitte y presentado este miércoles por la presidenta de AEE, Rocío Sicre; el director general de la asociación, Juan Virgilio Márquez; y el director de Consulting – Energía de Deloitte, Enrique Doheijo Lozano.

Este informe ha destacado el papel clave de la energía eólica como motor económico, y ha resaltado los indicadores que caracterizan a la eólica como una tecnología vertebral para el progreso socioeconómico a nivel nacional.

En este sentido, en el estudio se ha recogido que España debe acelerar «significativamente» el despliegue de nueva potencia eólica para cumplir con el Pniec, ya que la instalación anual está «muy lejos» de cumplir con los objetivos fijados.

En concreto, el director general de la AEE ha declarado que «si la eólica no cumple, España no cumple; y si España no cumple, Europa tampoco».

A pesar del bajo ritmo de instalación mencionado, Márquez ha mencionado que la energía eólica representa, con más de 30,5 gigavatios (GW), el 24% del mix energético en términos de potencia y cubre ya el 25,6% de la demanda eléctrica, «consolidándose como la primera tecnología eléctrica de España».

En cuanto a la contribución total del sector eólico al Producto Interior Bruto (PIB), sumando directa e indirecta, el sector eólico alcanzó los 3.791 millones de euros, un 0,31% del PIB en España. Además, el sector emplea a 35.741 personas (19.421 empleos directos y 16.320 empleos indirectos).

De hecho, a nivel internacional, España sigue siendo una «referencia eólica global», posicionándose como el segundo país de la UE y el sexto del mundo por potencia instalada, además de ocupar el quinto lugar como exportador mundial de aerogeneradores en 2023.

En relación a su despliegue territorial, Márquez ha comentado que la eólica tiene «amplia presencia» en el territorio, con Castilla y León posicionándose como la primera comunidad en generación y potencia instalada, mientras que Aragón alcanza el segundo puesto y encabeza la instalación de nueva capacidad en 2023.

En particular, 868 municipios en 16 de las 17 CCAA cuentan con parques eólicos, que suman un total de 1.371 parques eólicos en el país, según la AEE.

EL SECTOR SOPORTA UNA CARGA FISCAL «IMPORTANTE»

Márquez ha puesto de manifiesto que el sector eólico continúa soportando una carga fiscal «importante», concretamente de unos 578 millones de euros.

«El sector eólico es un sector que contribuye mucho; pagamos prácticamente el doble de impuestos y tributos que en costes de personal», ha advertido el director general de la AEE, quien ha precisado que se trata de un 46% más.

Así, Márquez ha mostrado su preocupación por los nuevos tributos impuestos relacionados con la generación de riqueza en el sector, y ha explicado que están basados en unas ganancias debidas a un período de altos precios de la energía eléctrica que no se van a mantener.

En este sentido, el informe recoge que la generación eólica tiene efecto reductor sobre los precios de la electricidad y sobre los propios ingresos del sector. También explica que la potencia eólica ha permitido ahorrar a los consumidores españoles 4.685 millones de euros en 2023.

ENERGÍA EÓLICA MARINA

El director general de la AEE también ha hecho referencia a la generación de energía eólica marina, y ha pedido el desarrollo completo de un marco normativo que diseñe la primera subasta y su convocatoria para el próximo año.

Márquez ha apremiado a la Administración a lanzar estas subastas ya que lo considera algo «urgente para no perder la oportunidad industrial como país». «Si no hay regulación, nadie puede desarrollar este tipo de instalaciones», ha concluido el directivo.