Los peritos judiciales, Busquets y Sánchez Nogueras, finalizan su declaración en el juicio de Bankia
Los peritos judiciales del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, responsables de los informes para el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que provocaron la imputación del antiguo consejo de administración de Bankia presidido por Rodrigo Rato, han puesto fin a su declaración tras cuatro sesiones de intenso interrogatorio.
Durante la cuarta sesión de la fase pericial del juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), los judiciales han vuelto a reiterar los mismos argumentos ante las insistente exigencias de los peritos de las partes, que pedían mayores explicaciones sobre los análisis realizados.
De este modo, las críticas continuas de los peritos de las partes han llevado incluso a Sánchez Nogueras y a Busquets a tener que definir ante el tribunal términos como pérdida incurrida o esperada, o explicar el efecto que tiene sobre unas cuentas cargar pérdidas contra reservas o contra resultados.
La decena de peritos contratados por Bankia y su matriz BFA, por Deloitte y por Rodrigo Rato, que han podido intervenir en cualquier momento para juzgar la declaración de los judiciales, ha proseguido acusándolos de realizar su análisis pericial con «sesgo retrospectivo», con una «visión distinta a la del resto del mundo», así como de hacer una lectura «parcial y a su conveniencia» de las normativas nacionales e internacionales.
Según el análisis de los peritos judiciales, las cuentas de Bankia, desde el momento de su creación hasta su rescate, no reflejaron su imagen fiel. Las «insuficiencias» venían desde la misma constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) a través del que se unirían las siete cajas que darían lugar a la entidad.
También han incidido en que el hecho de no designar a Caja Madrid como entidad adquiriente en el proceso de integración de las cajas y en su defecto crear BFA, tenía el objetivo de evitar hacer aflorar deterioros correspondientes al ejercicio 2010.
El grupo financiero se amparó en una normativa –circular 4/2004 del 22 de diciembre del Banco de España– que apunta a que tras la fecha de combinación de negocio el adquiriente tiene un plazo de un año para ajustar deterioros contra reservas que no fueran conocidos. No obstante, los judiciales han indicado que la normativa solo te permite corregir con la excepcionalidad de que la información no estuviera disponible.
Sánchez Nogueras y Busquets tienen claro que esa información era bien conocida, sobre todo los deterioros referidos a Bancaja Habitat. Así, los peritos judiciales creen que los deterioros, especialmente los del ladrillo de la entidad valenciana, afectaron a las cuentas de BFA-Bankia y contribuyeron a alterar su imagen.
De hecho, los judiciales han subrayado que la reformulación de las cuentas de 2011 llevada a cabo por el nuevo equipo gestor en 2012 se llevó a cabo por no estos errores contables y no por un efecto de la crisis, tal y como argumentó entonces la dirección de Bankia.
«No negamos la existencia de la crisis, evidentemente cómo vamos a negarla, ¡dios me valga!, pero la reformulación se hizo porque había millones de errores contables que no fueron reconocidos, no por la crisis, porque si no el resto de bancos debían de haberlo hecho y no fue así», han zanjado.
