El regulador antimonopolio de Brasil recomienda parcialmente la compra del Grupo BIG por parte de Carrefour
La Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) del Gobierno de Brasil ha dado el visto bueno parcial a la compra del grupo BIG por parte de Carrefour, según ha informado este martes en un comunicado.
Carrefour llegó en marzo de 2021 a un acuerdo con Advent International y Walmart para la adquisición de Grupo Big Brasil, la tercera mayor empresa brasileña de distribución minorista, valorada en 7.000 millones de reales (unos 1.100 millones de euros), reforzando así la posición del gigante francés de la distribución en el país, uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento.
Los dos grupos combinados alcanzan unas ventas brutas de alrededor de 100.000 millones de reales (15.320 millones de euros), con unas 876 tiendas y 137.000 empleados.
Según el organismo regulador antimonopolio, el acuerdo entre las dos empresas afectaría al sector minorista de autoservicio –supermercados, hipermercados y otros establecimientos–; distribución al por mayor y reventa de combustible.
Si bien la operación no generaría potenciales problemas de competencia en los mercados de distribución mayorista y gasolineras, dentro del sector minorista de autoservicios «no hay elementos suficientes para descartar la probabilidad de ejercer poder de mercado por parte de las empresas involucradas en el negocio».
De este modo, para mitigar los problemas de competencia identificados en el análisis de la fusión, CADE ha negociado con Carrefour y BIG un acuerdo de control de concentraciones, por el que se prevé la desinversión de algunas unidades comerciales de autoservicio, además de compromisos de comportamiento relacionados con la no competencia y el mantenimiento de la viabilidad económica de los negocios desinvertidos hasta la transmisión efectiva de los negocios.
La operación será evaluada ahora por un tribunal de CADE, que será el responsable de la decisión final. Asimismo, el organismo ha aclarado que las conclusiones hoy emitidas no son vinculantes.
El regulador tiene hasta 240 días prorrogables por otros 90 días para completar la evaluación de la fusión de activos.
