El PSOE y el PP acuerdan que Ángel Gabilondo sea el próximo Defensor del Pueblo
Ambos partidos apuran las negociaciones para renovar también el TC y el Tribunal de Cuentas y se espera un acuerdo inminente
El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para que el exministro y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el próximo Defensor del Pueblo, un órgano que lleva pendiente de renovación desde julio de 2017, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación.
Este pacto se enmarca en las conversaciones que están desarrollando PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales. Aparte del Defensor del Pueblo, esperan llegar a un acuerdo en las próximas horas sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.
El primer nombre que ha trascendido de ese acuerdo es el de Gabilondo (San Sebastián, 1949), que dejó la primera línea política tras el batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, en las que la candidatura que encabezaba cosechó el peor resultado histórico de los socialistas en esta Comunidad.
Tras anunciar la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el adelanto electoral, el PSOE decidió volver a confiar en Gabilondo la candidatura, a pesar de que se llevaba meses hablando de él como próximo Defensor del Pueblo, y prácticamente se tenía asumida su marcha de la Asamblea en un futuro próximo.
No obstante, la convocatoria pilló al PSOE sin otro candidato claro, y sin visos de poder alcanzar pronto con el PP un acuerdo para renovar este órgano constitucional, tras frustrarse una vez más la negociación para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
LA TRAYECTORIA DE GABILONDO
Ahora, casi medio año después, y con Gabilondo ya al margen de la política, los socialistas han decidido volver a ofrecerle el puesto, lo que de algún modo resarciría la salida que tuvo el exministro de la Política en mayo, cuando fue el único, junto al líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que dimitió por los malos resultados de las elecciones.
La carrera política de Gabilondo empezó en 2009, de la mano del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió nombrar al entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) nuevo ministro de Educación. El catedrático de Filosofía también era en ese momento presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Tras su paso por el Gobierno –que acabó en 2011 con la llegada del PP a Moncloa–, Gabilondo decidió seguir vinculado al PSOE y a la política y, en las autonómicas de 2015, se convirtió en el candidato a presidir la Comunidad de Madrid.
En aquella ocasión logró superar ligeramente los resultados de su predecesor, Tomás Gómez, pero quedó tras el PP, sin posibilidad de gobernar. No obstante, en 2019 decidió repetir como candidato y en esa cita sí se hizo con la victoria –que el PSOE no alcanzaba desde el 87–, aunque no logró los suficientes apoyos para gobernar.
Tras otros dos años como líder de la oposición –muy cuestionado durante la pandemia–, se daba ya por hecho su salto a la Defensoría del Pueblo, si bien el adelanto electoral de Díaz Ayuso llegó antes que el acuerdo que, ahora sí, el PSOE y el PP han sellado para renovar esa institución, que lleva desde 2017 en funciones.
BOLAÑOS Y GARCÍA EGEA PILOTAN LA CONVERSACIONES
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE, Teodoro García Egea, están pilotando las negociaciones para renovar los órganos constitucionales que, según admiten las fuentes consultadas, están «encauzadas» porque hay «voluntad de acuerdo» por ambas partes.
La «buena sintonía» entre Bolaños y García Egea ha ayudado a encarrilar la negociación para renovar estos órganos, algunos de los cuáles incluso llevaban años con mandato caducado. El órgano que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017.
En el caso del TC, el mandato de un tercio de sus miembros –los cuatro que corresponde elegir al Congreso– concluyó en noviembre de 2019. Por su parte, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas terminaron en julio su mandato de nueve años y en el caso de la Agencia de Protección de Datos, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de este órgano y su adjunto.
