El PSOE registra en el Congreso una ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad

PP y Vox también tienen iniciativas en la cámara baja recogiendo esa reclamación de los funcionarios

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que los funcionarios que trabajan en las prisiones españoles sean considerados agentes de la autoridad, una vieja reivindicación de este colectivo, que se volvió a reclamar tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d Enric (Tarragona).

Esta reforma legal, recogida por Europa Press, modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para dejar claro que los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias, en el ejercicio de sus funciones, tienen «a todos los efectos legales» el carácter de Agentes de la Autoridad, «pudiendo identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».

Según el PSOE, con este cambio de busca «dar respuesta» a las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, ya que, al ser declarados agentes de la autoridad, «se otorga seguridad jurídica al trabajo que realizan y se evita que se dicten decisiones judiciales dispares».

PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN

Además, se remarca que, en los procedimientos disciplinarios sancionadores que se instruyan, los informes emitidos por los funcionarios penitenciarios ue hubiesen presenciado los hechos «constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles».

Asimismo, los socialistas blindan la seguridad de los funcionarios penitenciarios ante el supuesto de que ingresen en prisión por una sentencia condenatoria, para lo cual aseguran su separación de otro tipo de internos.

Por último, proponen proteger a los funcionarios de prisiones con una indemnización, por parte de la Administración, en el caso de que sufran daños materiales o personales como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre y cuando no se haya producido una negligencia grave.

EN 2022 SE ACEPTÓ OTRA LEY QUE DECAYÓ CON LAS ELECCIONES

No es la primera vez que una ley de este tipo se debate en el Pleno del Congreso. En marzo de 2022 el grueso de los grupos parlamentarios ya respaldó la tramitación de una propuesta similar de los socialistas, pero después se fueron prorrogando los plazos de enmiendas y la reforma decayó con la disolución de las Cortes.

También el PP y Vox tienen registradas en la Cámara Baja sus propias proposiciones de ley para reconocer «a todos los efectos legales» la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios penitenciarios.

En la iniciativa del PP consideran un «objetivo primordial» velar por la vida y la integridad física de los más de 14.400 funcionarios de prisiones que se dedican a la vigilancia, ya que en 2023, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, fueron 508 los funcionarios que sufrieron agresiones, un 12% más que en 2022.

Por su parte, desde Vox, inciden en la falta de personal y medios que sufre el sistema penitenciario considerándolo un «total abandono». A su juicio, la falta de personal tiene una «indudable repercusión» en la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos.