El PP lleva el martes al Congreso que la Inspección de Trabajo evite el abuso de los falsos autónomos
El PP defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una iniciativa en la que se emplaza a la Inspección de Trabajo a «atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores» y el sistema de la Seguridad Social, especialmente en los modelos de negocio de empresas prestadoras de servicios en la economía digital.
Según el orden del día acordado en la última Junta de Portavoces del Congreso y recogido por Europa Press, la proposición no de ley ha quedado incluida en le orden del día de la próxima sesión plenaria.
En el texto no se menciona expresamente el fraude laboral de los falsos autónomos , pero sí recogen la «polémica» que rodea a la figura del «colaborador» en la economía digital. Así, señala que si bien en algunos supuestos su relación con la empresa es laboral, en otros se trata de un trabajador autónomo o autónomo dependiente, por lo que señala que «en diversos supuestos la relación entre empresa y trabajador no es clara».
En este sentido, ponen como ejemplo las conclusiones de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social al respecto de los riders de Deliveroo, señalando que estos repartidores de comida a domicilio no son autónomos, sino que la empresa «encubre una auténtica relación laboral, con el consiguiente perjuicio para el trabajador».
Textualmente, la proposición no de ley que los populares someterán a debate este próximo martes pide al Gobierno «continuar trabajando en el ámbito de la Inspección de Trabajo para lograr un mercado de trabajo más justo, y para atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y nuestro sistema de Seguridad Social».
LA GIG ECONOMY Y LAS PLATAFORMAS DIGITALES
En su iniciativa, el PP reconoce que las nuevas tecnologías «están llamadas a cambiar de manera drástica el mercado laboral» y que hoy mismo «el modelo de negocio por antonomasia, como consecuencia de los continuos cambios e innovación, es el de las plataformas digitales».
Estas acaban resultando una economía de pequeños encargos, o gig economy , en la que, tal y como entienden en el PP, la plataforma sirve como mediador entre compradores de productos o servicios, y vendedores de estos a través de un «colaborador», conductor o repartidor, que trabaja bajo demanda.
Reconociendo que estas plataformas pueden contribuir al empleo y al crecimiento «si se desarrollan de una manera responsable» y «ayudar de manera significativa a la competitividad y al crecimiento», esto, apunta el PP, «no puede ser óbice para que los derechos laborales y el correspondiente nivel de protección social de los trabajadores sean menoscabados».
EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN
En este sentido, el PP reivindica el papel desempeñado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pues, aunque reconoce que «funciona», señalan que debe «seguir trabajando en esta línea» y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral «con independencia del modelo de negocio y su digitalización», en la medida en que se den las circunstancias que definen la condición de trabajador por cuenta ajena en el ordenamiento jurídico.
Desde 2012, el Plan de Lucha contra el Fraude Laboral y a la Seguridad Social ha permitido aflorar hasta octubre de 2017 casi medio millón de empleos irregulares y detectar 6.700 empresas ficticias, empresas sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones.
En ese mismo periodo, abundan, se han transformado más de 332.000 contratos temporales en indefinidos, con un impacto total de estas actuaciones de más de 20.242 millones de euros. Además, se ha reforzado la inspección de trabajo, incorporando 845 nuevos inspectores y subinspectores desde 2012.
