El PSOE pide una ley que garantice números gratuitos de asistencia al cliente y ponga tope temporal a las reclamaciones

El PSOE ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que pretende que el Gobierno impulse una ley que, entre otras cuestiones, garantice números de teléfono gratuitos de asistencia a los clientes y ponga un plazo máximo de diez días para resolver las reclamaciones o incidencias.

En su proposición no de ley, a la que tuvo acceso Europa Press, los socialistas subrayan que las empresas deberían disponer de un servicio «eficaz y accesible» de atención al cliente que atienda y resuelva sus quejas con el fin de reducir la litigiosidad en las relaciones de consumo.

Y es que, según señalan, la «ineficiencia» de estos canales provocan un aumento del gasto público puesto que las administraciones públicas acaban convirtiéndose en servicios de atención al cliente de las empresas, y que «en muchas ocasiones» éstas sólo respondan a las reclamaciones recibidas a través de Oficina Municipal de Información al Consumidor Central (OMIC), y no a las presentadas por los consumidores y usuarios.

En el texto, el PSOE recuerda que la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos garantizar la defensa de los intereses económicos de los consumidores mediante procedimientos «eficaces», lo que exige no sólo un régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución del bien o servicio, sino también «reclamar con eficacia en casos de error, defecto o deterioro».

HAY «IMPORTANTES DEFICIENCIAS»

El Consejo de Consumidores y Usuarios señala que la normativa vigente no ha logrado alcanzar el resultado perseguido, en tanto que la mayor parte de los servicios de atención al cliente presentan «importantes deficiencias que sitúan a los consumidores y usuarios en una posición de inexcusable vulnerabilidad e indefensión».

Por todo ello, el PSOE quiere que el Gobierno presente un proyecto de ley que regule los servicios de atención al cliente para fijar unos parámetros mínimos obligatorios de calidad y transparencia, y para garantizar las condiciones de acceso a estos servicios y la protección de derechos de los consumidores vulnerables.

Asimismo, los socialistas buscan que la ley obligue a las empresas disponer de número de teléfono gratuito para atender las quejas o cualquier incidencia de los clientes, y que fije un tope no superior a diez días para resolver estas reclamaciones.